En diálogo con AIRE, Malfesi aclaró que el planteo no cuestiona la utilización de radares como herramienta para prevenir accidentes, sino el cumplimiento de los requisitos legales para su funcionamiento. Explicó que los dispositivos ubicados sobre rutas nacionales deben contar con la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y con el correspondiente permiso de uso del espacio público. Según indicó, los radares observados no reunirían esas condiciones.

El pedido de informes al Gobierno de Santa Fe

La iniciativa presentada en la Cámara de Diputados solicita que el Poder Ejecutivo informe la cantidad exacta y la ubicación de los radares fijos y móviles instalados sobre rutas nacionales dentro del territorio santafesino, indicando cuáles cuentan con las autorizaciones técnicas correspondientes.

Además, el proyecto requiere que la Provincia detalle el monto recaudado durante los últimos dos años mediante las multas originadas en los radares cuestionados y explique cuál será el criterio jurídico que adoptará en caso de comprobarse que algunos de esos dispositivos funcionaban sin la habilitación requerida.

Para Malfesi, la situación debe aclararse con rapidez debido al impacto económico que podría generar. "Si realmente existen estas irregularidades, primero habría reclamos administrativos y después incluso podría intervenir la Justicia. Sería un dinero importante el que habría que devolver y saldría de las arcas provinciales", sostuvo.

Qué podría ocurrir con las multas

La diputada explicó que una multa confeccionada mediante un radar que no cumple con los requisitos legales presenta un vicio que podría derivar en su nulidad. En ese escenario, quienes ya abonaron la infracción podrían solicitar la devolución del dinero, mientras que quienes todavía no la pagaron tendrían la posibilidad de impugnarla.

Sin embargo, remarcó que cada caso debe verificarse previamente. " No porque llegue una multa automáticamente es inválida. Primero hay que comprobar si el radar estaba efectivamente habilitado", señaló.

Para ello, recomendó consultar el listado oficial publicado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde figuran los radares homologados. Cada infracción contiene el número identificatorio del cinemómetro utilizado, dato que puede compararse con el registro oficial para determinar si el equipo se encuentra autorizado.

La Ruta 168, entre los radares observados

Durante la entrevista, Malfesi indicó que, según la información que manejan, uno de los dispositivos observados sería el ubicado sobre la Ruta Nacional 168, uno de los corredores más transitados del área metropolitana de Santa Fe.

La diputada provincial Silvia Malfesi (Partido Libertario) presentó un pedido de informes en la Legislatura de Santa Fe.

Maiquel Torcatt / Aire Digital

No obstante, evitó afirmarlo de manera categórica y pidió que cada conductor verifique el número de identificación del radar antes de iniciar cualquier reclamo. "Lo que queremos es que las cosas sean legales. Si el radar está correctamente habilitado, el infractor debe asumir su responsabilidad. El problema es cuando el dispositivo no cumple con las exigencias legales", afirmó.

"Que no haya un quiosco detrás de las multas"

Otro de los puntos planteados por la legisladora apunta al rol de empresas privadas que prestan servicios vinculados al funcionamiento de los cinemómetros. Si bien reconoció que el Estado puede tercerizar determinadas tareas, advirtió que debe extremarse el control cuando se trata de una potestad sancionatoria.

"A veces vemos que estos controles parecen tener más un fin recaudatorio que preventivo. Hay que tener mucho cuidado para que no haya una truchadita o un quiosco detrás de las multas", cuestionó.

Fuente: Aire Digital