El Gobierno nacional oficializó un acuerdo de asistencia financiera con la administración de Martín Llaryora por hasta $400.000 millones. Se trata de un adelanto de coparticipación que Córdoba deberá devolver mediante descuentos sobre las futuras remesas, con una tasa anual del 15%.

No es un aporte extraordinario ni un regalo de la Nación. Es un préstamo. Pero también es una cifra considerable: representa aproximadamente un mes de recaudación propia de la Provincia y cerca del 40% de sus recursos totales mensuales. Además, equivale a unos dos tercios del monto de la rebaja impositiva anunciada por Llaryora.

El decreto nacional es explícito. Señala que Córdoba se encuentra "impedida en forma transitoria de atender financieramente sus compromisos más urgentes". Dicho sin eufemismos: la Provincia tiene dificultades de liquidez y necesita que la Casa Rosada adelante recursos para cubrirlas.

Córdoba no es un caso aislado. Integra un grupo de provincias que atravesaron situaciones similares, entre ellas Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tucumán. También aparecen distritos gobernados por dirigentes abiertamente enfrentados con Javier Milei, como La Rioja y Tierra del Fuego.

El denominador común es la caída de los recursos coparticipables en términos reales. La Nación dejó de realizar muchas de las transferencias discrecionales que caracterizaron a gobiernos anteriores y redujo la distribución de Aportes del Tesoro Nacional y de otras partidas no exigidas por ley. Al mismo tiempo, la menor actividad económica y la desaceleración de la inflación debilitaron la recaudación.

Durante años, las administraciones provinciales se acostumbraron a que la inflación incrementara nominalmente sus ingresos y disimulara el crecimiento del gasto. Ese mecanismo comenzó a agotarse. La pregunta es si el problema actual se explica únicamente por la debilidad de la economía o también por la falta de reformas para adaptar los Estados provinciales a una Argentina con menos inflación y menos transferencias discrecionales.

Milei planteó desde el comienzo que pretendía reducir el tamaño del Estado nacional y avanzó, con costos y controversias, en esa dirección. En Córdoba, en cambio, no se conoció un programa explícito para adecuar la estructura provincial a la nueva realidad fiscal. Tampoco lo hubo en la Municipalidad de Córdoba.

La cadena de asistencia resulta elocuente: el intendente Daniel Passerini necesita el respaldo financiero de Llaryora, mientras que el gobernador debe recurrir ahora al Gobierno nacional. Cada nivel del Estado termina buscando auxilio en el escalón superior.

El acuerdo también tiene una lectura política. Llaryora se acercó a la Casa Rosada durante las últimas semanas. Participó de la asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete y envió a la vicegobernadora para representar a Córdoba en la conmemoración nacional del 9 de Julio. Además, legisladoras vinculadas al oficialismo provincial contribuyeron a frenar la interpelación del entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso.

El mensaje de la Nación hacia los gobernadores es sencillo: hay recursos, pero ya no se entregan como antes. Se prestan, deben devolverse y, naturalmente, generan consecuencias políticas.

Esas consecuencias podrán observarse en el Congreso. El Gobierno necesita votos para avanzar con iniciativas decisivas, como la nueva Carta Orgánica del Banco Central y la reforma política, que incluye la discusión sobre la eliminación de las PASO y la posible incorporación de colectoras.

El adelanto otorgado a Córdoba resuelve una urgencia financiera, pero abre una incógnita política. Habrá que ver si esta asistencia se traduce en futuros respaldos legislativos y hasta dónde llegará el acercamiento entre Llaryora y Milei. En una Argentina de recursos escasos, la dependencia financiera también puede convertirse en disciplina política.

Fuente: Cadena 3