Apenas pocas horas después de que se conociera que hay 10 empresas interesadas en comprar los activos de Sancor, en el marco de la quiebra de la histórica cooperativa láctea, el proceso ingresó en su primer pantano judicial.

Sucede que la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela resolvió hacer lugar a un recurso interpuesto por la firma Fidulac SA, que cuestiona la licitación por supuestas irregularidades, lo que conlleva a la suspensión del cronograma que estaba previsto para la venta de los activos productivos de Sancor Cooperativas Unidas Limitada.

En este marco, vale mencionar que Fidulac SA no es una firma vinculada al sector lácteo, sino que es la sociedad encabezada por el empresario de los medios de comunicación, Gustavo Scaglione, que sorpresivamente se anotó entre los interesados en Sancor y que, según se rumorea, tendría vínculos muy aceitados con la conducción de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (Atilra).

LA IMPUGNACIÓN A LA LICITACIÓN POR SANCOR

En concreto, el fallo de la Cámara rafaelina cuenta de dos partes importantes: una de características más técnicas y otra más “de fondo”.

Como primera medida, cabe recordar que un juzgado de primera instancia había rechazado el recurso de Fidulac porque no contaba con una firma ológrafa (de puño y letra), sino con una firma digital realizada a través de la plataforma DocuSign.

Para la Cámara, esta decisión inicial fue un “exceso de rigor formal” y un acto de arbitrariedad, por lo que decidió considerarla válida.

En este marco, más allá de la cuestión técnica de la firma, la Justicia fundamentó la necesidad de frenar el proceso debido a la importancia estratégica de los bienes en juego.

El tribunal consideró que la resolución que aprobó el pliego y los valores base de los lotes 1 a 7 es de “trascendental importancia” y los magistrados avalan que avanzar con la licitación sin revisar las impugnaciones podría causar consecuencias irreversibles.

El objetivo primordial debe ser, según el fallo, evaluar los mecanismos de liquidación para asegurar, en la medida de lo posible, la continuación de la empresa fallida y proteger los intereses en juego ante un daño calificable como grave.

Por ello, al conceder el recurso de apelación con “efecto suspensivo”, la Justicia garantiza que el proceso de venta no continúe hasta que la Cámara analice a fondo los cuestionamientos realizados por Fidulac SA sobre el pliego de bases y condiciones.

Fuente: InfoCampo