Unificando las normas electorales hoy dispersas en una veintena de leyes y decretos reglamentarios, en los fundamentos dice la UCR que la iniciativa es "una verdadera política legislativa orientada a ordenar, modernizar y armonizar todo el derecho electoral provincial bajo principios uniformes que faciliten su interpretación, su aplicación y su control".

En los sucesivos artículos reúne disposiciones relativas al reconocimiento y funcionamiento de los partidos políticos; los derechos y obligaciones de afiliados y autoridades partidarias; el régimen patrimonial y financiero; la organización de los procesos electorales; las elecciones primarias; la oficialización de candidaturas; la regulación de la boleta única; el régimen de campañas electorales; el escrutinio; las garantías electorales; el régimen sancionatorio y las competencias de la autoridad electoral.

El bloque oficialista de legislativas considera que el proyecto "constituye una decisión institucional destinada a consolidar reglas permanentes que trasciendan las coyunturas políticas y otorguen estabilidad al funcionamiento democrático de la Provincia".

Uno de los ejes estructurales del proyecto consiste en la consolidación del régimen de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias como mecanismo destinado a fortalecer la legitimidad democrática de las candidaturas que posteriormente competirán en las elecciones generales. El piso previsto por UCR para permitir pasar a la elección general es del 1,5% del padrón.