El texto mantiene la política del régimen SEF: destinado a hogares con ingresos de hasta tres canastas básicas por familia tipo —hoy, unos 4,3 millones de pesos—, hogares con al menos un integrante con Certificado Único por Discapacidad, titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y beneficiarios del Registro Nacional de Barrios Populares. Además, incorpora dentro del esquema la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel en esas áreas.

El argumento oficial

El Gobierno no plantea la medida centrada en régimen tarifario, sino como parte de una reforma más amplia sobre subsidios y gasto estatal. Los argumentos esgrimidos por la secretaria de Energía apuntaron a tres aspectos: “la reducción del déficit fiscal, la normalización financiera del sistema energético y ordenamiento de las cuentas públicas”.

Los fundamentos del texto lo explican en los siguientes términos: “La escasez de fondos y el déficit fiscal han derivado en la falta de pago a las distribuidoras y subdistribuidoras y la consecuente ruptura de la cadena de pagos del gas a productores, lo cual evidencia el alto costo fiscal y los errores de diseño y de estructura que se buscan modificar”.

Tettamanti lo sintetizó con una frase que buscó ordenar la filosofía oficial detrás del proyecto: “Lo que queremos es que la gente que puede pagar la energía, lo pague, y la gente que no puede pagar la energía, se la siga ayudando”.

El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, fue todavía más explícito en su exposición este miércoles durante una jornada energética en Río Negro, en la antesala del debate en el Congreso Calificó al régimen vigente como “una aberración” y sostuvo: “Hay definidas como zonas frías zonas que en verdad son templadas, y, donde el resto del sistema que no tiene zonas frías subsidia, independientemente del tipo de consumidor”. En la misma línea, defendió el criterio de regresar a “la zona fría original patagónica” y remató: “Esperamos que el Congreso lo entienda, va a ser un ahorro importante para el fisco”.

Según estimaciones del oficialismo, la reducción del régimen le permitiría al Estado un ahorro de entre 200 mil millones y 460 mil millones de pesos. Ahí se explica buena parte de la insistencia de la administración de Javier Milei, que ya había intentado avanzar con una poda similar en otras dos oportunidades y ahora vuelve a la carga dentro de un proyecto energético más amplio, con la mira puesta en el superávit fiscal.

Del otro lado, la oposición —en especial, legisladores representantes de provincias que quedarán fuera del nuevo régimen— llevarán el debate al terreno más sensible: cuánto puede aumentar una factura concreta y qué pasa con los hogares que necesitan consumir más gas por razones climáticas, aunque no entren en los parámetros que el Gobierno define como vulnerabilidad.

Deudas y beneficios

Otro de los capítulos salientes es la regularización de deudas acumuladas entre distribuidoras eléctricas y CAMMESA. El proyecto habilita mecanismos de compensación entre créditos tarifarios y deudas con el Mercado Eléctrico Mayorista, aunque condiciona esos beneficios a que las empresas desistan de reclamos judiciales contra el Estado. Además, establece el traslado automático de los costos de generación eléctrica y adquisición de gas a las tarifas finales.

El proyecto también prorroga hasta 2045 los beneficios tributarios para energías renovables establecidos en la Ley 27.191. En paralelo, elimina regímenes especiales de promoción hidrocarburífera y acceso diferencial a divisas creados durante gobiernos anteriores, aunque mantiene los derechos ya adquiridos por proyectos aprobados previamente.

Fuente: El Litoral