Mientras el empleo registrado muestra señales de retroceso en la población general, crece de manera sostenida la cantidad de jubilados que continúan trabajando en la formalidad. Según datos oficiales de la Seguridad Social, a diciembre de 2025 había 453.186 personas jubiladas con aportes activos.

Del total, 95.603 se desempeñaban en relación de dependencia, 36.188 en el régimen de casas particulares, 91.563 como autónomos y 229.833 bajo la modalidad de monotributo.

La evolución muestra un incremento significativo en los últimos años. En 2010, los jubilados con aportes eran 176.153; en 2015 ascendieron a 275.431; en 2023 alcanzaron los 368.458; y en 2025 llegaron a 453.186. Esto representa una suba del 65% en la última década y del 23% en los últimos dos años.

El mayor crecimiento se concentró en los monotributistas, que pasaron de 122.356 en 2015 a 229.833 en diciembre de 2025, lo que implica un aumento del 88%. Este comportamiento sigue la tendencia general del mercado laboral, donde se observa una sustitución de empleo en relación de dependencia por esquemas independientes, además de la continuidad laboral de profesionales ya jubilados.

Pese a este avance del empleo registrado, los jubilados que trabajan en la informalidad superan ampliamente a quienes lo hacen “en blanco”. Se estima que más de 600.000 personas jubiladas realizan actividades sin registrar.

En términos generales, la tasa de empleo entre la población en edad jubilatoria ronda el 18%, lo que equivale a poco más de un millón de personas.

Un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) señala que, si bien los ingresos previsionales constituyen la principal fuente de recursos de este grupo, existen diferencias por género: hay el doble de varones con ingresos laborales en comparación con las mujeres.

El mismo relevamiento indica que la tasa de actividad es mayor entre los jubilados de menores ingresos —ubicados entre el primer y el quinto decil— que entre los de mayores recursos. En estos sectores predominan trabajos desvinculados de la actividad previa a la jubilación, generalmente de baja calificación, como changas o tareas insalubres, lo que puede impactar negativamente en la calidad de vida y la expectativa de vida.

La normativa previsional vigente permite que hombres y mujeres opten por jubilarse a los 70 años, prolongando su vida laboral más allá de las edades mínimas de 65 y 60 años, respectivamente. Además, habilita a quienes ya están jubilados a continuar trabajando en forma registrada.

En estos casos, los jubilados realizan aportes del 11% al sistema previsional, aunque esos aportes no se computan para mejorar el haber. Los fondos se destinan al Fondo Nacional de Empleo. Si el jubilado reingresa a trabajar para el mismo empleador, la ley establece el inicio de una nueva relación laboral, con un nuevo cómputo de antigüedad en caso de despido sin causa. Tanto el empleador como el trabajador jubilado quedan exentos de aportar al sistema de salud, dado que el beneficiario ya cuenta con cobertura a través del PAMI u obra social.

El aumento de jubilados que continúan activos se vincula, en gran medida, con el deterioro de los haberes previsionales. En abril, quienes perciben la jubilación mínima cobran $380.389 más un bono de $70.000. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) asciende a $304.255 más el mismo bono, y las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez alcanzan los $266.224, también con un adicional de $70.000.

Fuente: Cadena 3