La Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe sancionó de manera definitiva la modificación de la Ley N° 7.945, correspondiente al Código Procesal Laboral. La aprobación se dio por unanimidad y estuvo precedida por una instancia clave de diálogo institucional con la Corte Suprema de Justicia, que marcó el tono del tramo final del debate.

La jornada estuvo atravesada por ese encuentro previo entre legisladores y ministros del máximo tribunal, en el que se abordaron inquietudes técnicas y se expusieron observaciones sobre la implementación de la nueva normativa. Según destacaron desde la Cámara alta, ese intercambio no solo permitió ajustar aspectos del proyecto, sino que abrió un canal de trabajo conjunto hacia el futuro.

Reforma laboral en Santa Fe: menos juicios, procesos más ágiles

El presidente provisional del cuerpo, Felipe Michlig, valoró especialmente esa instancia al señalar que “se abrió un camino de diálogo entre ambos estamentos que será sostenido a futuro para el tratamiento de las leyes y hacerlas cada vez más eficientes”. En la misma línea, remarcó que la ley representa “un avance importante para dar respuesta a todas las partes”, en alusión a trabajadores, empleadores y operadores del sistema judicial.

El proyecto aprobado modifica el Código Procesal Laboral con el objetivo de reducir la litigiosidad, agilizar los procesos judiciales y promover mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Entre sus ejes principales se encuentra el fortalecimiento de instancias previas de conciliación, con procedimientos más claros y plazos definidos para fomentar acuerdos tempranos entre trabajadores y empleadores.

La iniciativa también introduce cambios en distintas etapas del proceso laboral, orientados a acortar los tiempos de resolución y disminuir la cantidad de causas que llegan a juicio. Desde el oficialismo provincial sostienen que la reforma apunta a actualizar el marco normativo vigente y reducir los costos asociados al sistema, particularmente en relación con las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.

El senador Ciro Seisas, al fundamentar la aprobación, afirmó que “en Santa Fe tenemos un problema grave en nuestro sistema productivo, porque somos la provincia con mayor índice de juicios laborales”.

El rol de la Corte Suprema y las observaciones técnicas

Durante el proceso previo a la sanción, la Corte Suprema de Justicia planteó una serie de inquietudes vinculadas a aspectos puntuales del texto. Su presidente, Rafael Gutiérrez, reconoció que la reforma implica “un salto de calidad y de contundencia”, aunque señaló la necesidad de dejar planteadas algunas dudas para su seguimiento durante la implementación.

Entre los puntos señalados, se destacó la incorporación y el rol de los peritos en el proceso laboral. Desde el Poder Judicial se remarcó la importancia de contar con peritos oficiales, dependientes del propio sistema judicial, para garantizar imparcialidad y neutralidad en las pericias, frente al esquema de peritos de parte.

Gutiérrez también puso en valor la inclusión de una cláusula transitoria de un año, que permitirá evaluar el funcionamiento de la norma y realizar ajustes en caso de ser necesario. “Hay un compromiso de que, a medida que veamos conveniente, se harán las modificaciones necesarias”, sostuvo, al tiempo que definió el proceso como un ejemplo de “diálogo, consenso y escucha”.

Seguimiento, costos y próximos pasos

Tras el encuentro con la Corte, Michlig detalló que las observaciones recibidas fueron incorporadas al análisis legislativo y que existe la posibilidad de revisar la norma en el corto plazo si su aplicación así lo requiere. En ese sentido, confirmó que uno de los puntos a monitorear será la cantidad de peritos y su funcionamiento dentro del nuevo esquema.

Además, se sumó al debate la necesidad de evaluar la cantidad de jueces laborales en la provincia. Actualmente, Santa Fe cuenta con 20 magistrados en ese fuero, y se planteó la posibilidad de ampliar ese número para mejorar la capacidad de respuesta del sistema.

El senador también vinculó la reforma con el impacto económico de la litigiosidad. Señaló que "los sobrecostos para el sector productivo rondan los 2 millones de dólares semanales, lo que representa alrededor de 100 millones de dólares anuales". En ese marco, sostuvo que avanzar en esta ley resulta clave para reducir esos niveles y mejorar el funcionamiento general del sistema.

Por su parte, el senador justicialista Rubén Pirola acompañó la aprobación y propuso la creación de una mesa de trabajo para monitorear la implementación de la norma y evaluar sus resultados, con el objetivo de introducir mejoras en caso de ser necesario.

Fuente: Aire Digital