El Gobierno nacional dispuso desde este jueves la prohibición de ingreso a la Casa Rosada para todos los periodistas acreditados, en medio de una escalada de tensiones con los medios de comunicación.

Según confirmaron fuentes oficiales, la restricción alcanza a los trabajadores de prensa que se desempeñan habitualmente en la sede de Balcarce 50.

La decisión se fundamenta en dos ejes: por un lado, la necesidad de profundizar una investigación sobre una presunta infiltración rusa en medios —que ya había derivado en restricciones parciales durante más de dos semanas— y, por otro, una denuncia penal por presunto espionaje ilegal contra dos periodistas de Todo Noticias (TN) tras la difusión de imágenes del interior de la sede gubernamental.

“Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”, indicaron fuentes del Ejecutivo, que además supeditaron la continuidad de las acreditaciones al avance de la causa judicial. En la misma línea, precisaron que “se dejó sin efecto la prórroga de la acreditación 2025” y que “hasta que no se esclarezca el tema de los videos, no se va a permitir el ingreso a ningún periodista”, aunque hasta el momento no se emitió un comunicado oficial.

La medida presenta escasos antecedentes: la sala de periodistas de la Casa Rosada se mantuvo operativa durante los períodos democráticos e incluso durante gobiernos de facto.

La decisión coincide con la agenda del presidente Javier Milei en la sede gubernamental, donde a las 14 tiene previsto recibir al empresario estadounidense Peter Thiel, figura influyente de Silicon Valley y aliado del mandatario Donald Trump.

En paralelo, el Gobierno, a través de la Casa Militar —organismo encargado de la custodia de la sede oficial y la residencia de Olivos— presentó el miércoles una denuncia penal contra dos periodistas de TN, luego de la difusión de un informe televisivo con imágenes de áreas internas del edificio.

La presentación recayó por sorteo en el juzgado federal N°4 de Comodoro Py, a cargo del juez Ariel Lijo. El escrito, de nueve páginas, fue impulsado por el jefe de la Casa Militar, el general de brigada Sebastián Ibáñez, área que depende de la Secretaría General de la Presidencia conducida por Karina Milei.

La denuncia alcanzó a la conductora Luciana Geuna y al periodista acreditado Ignacio Salerno, a quien se le suspendió provisoriamente la acreditación. El material cuestionado fue emitido el domingo en el programa “Y mañana qué”, donde se mostraron distintos sectores de uso común del edificio gubernamental.

Según el texto presentado ante la Justicia, se busca “poner en conocimiento de la autoridad judicial el despliegue de actividades subrepticias e ilegales dentro de la Casa de Gobierno”. Además, sostiene que los periodistas “se ufanaron de haber burlado la seguridad presidencial”, lo que habría expuesto a funcionarios a “riesgos injustificados” y podría haber generado condiciones para la revelación de secretos de Estado vinculados a la rutina presidencial y al funcionamiento del Poder Ejecutivo.

Las autoridades de la Casa Militar consideraron que la “intromisión” se apartó “groseramente” de la normativa vigente, en referencia a la Resolución 1319 de la Secretaría de Comunicación y Medios, y también de los estándares de la práctica profesional para cronistas acreditados.

Por su parte, el presidente Milei —quien se encontraba de viaje en Israel al momento de la difusión del informe— reaccionó en redes sociales con fuertes críticas hacia el periodismo. “Basuras repugnantes. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO!”, publicó en su cuenta de la red social X.

Informe de Ariel Rodríguez.