Sigo con atención el proyecto de reforma electoral que impulsa el presidente Javier Milei, y no puedo evitar una sensación de escepticismo. Más allá de los detalles técnicos —que aún deben conocerse en su versión final—, lo que aparece con claridad es una iniciativa atravesada por la coyuntura política más que por una visión estratégica del sistema institucional argentino.

Uno de los ejes centrales es la eliminación de las PASO, una herramienta que nació con la reforma de 2009 durante el gobierno de Néstor Kirchner. En aquel momento, el argumento era ordenar la oferta electoral y reducir la fragmentación. Hoy, en cambio, el oficialismo plantea su eliminación bajo el argumento del ahorro fiscal, aunque es difícil no leer también una motivación política detrás.

A esto se suma la incorporación de la llamada “ficha limpia”, un tema que el propio gobierno había evitado impulsar con fuerza el año pasado. Ahora aparece como moneda de cambio: si la oposición quiere avanzar con esa agenda, deberá aceptar la eliminación de las primarias. Esta lógica transaccional revela, una vez más, que no estamos frente a una reforma integral, sino ante un paquete de medidas con objetivos diversos.

El tercer componente relevante es la modificación del financiamiento de la política, con mayor peso del aporte privado y menores recursos públicos para las campañas. Esto implica un cambio profundo en las reglas de juego, que puede tener consecuencias importantes en términos de equidad electoral y transparencia.

También se plantean mayores exigencias para la creación y sostenimiento de partidos políticos. En principio, esto podría interpretarse como un intento de ordenar el sistema, pero sin una estrategia clara de fortalecimiento institucional, corre el riesgo de convertirse simplemente en una barrera de acceso.

Cuando uno compara esta iniciativa con reformas anteriores, el contraste es evidente. La reforma constitucional de 1994, impulsada por Raúl Alfonsín y Carlos Menem, tuvo como objetivo explícito consolidar el sistema de partidos. Incluso la reforma de 2009, con todas sus limitaciones, buscaba ordenar la competencia. Aquí, en cambio, no hay un horizonte institucional claro.

Lo que sí se percibe es un objetivo político concreto: dificultar la articulación de la oposición de cara a 2027. La eliminación de las PASO, en particular, puede afectar la capacidad de las fuerzas no oficialistas para dirimir liderazgos y construir alternativas competitivas.

Ahora bien, más allá del contenido específico del proyecto, hay un problema más profundo que atraviesa a la política argentina: la desconfianza. Como señalaba José Luis de Imaz en su clásico análisis sobre la dirigencia, la clase política argentina tiende a desconfiar de sí misma. Esa lógica sigue plenamente vigente.

Lo vimos recientemente en una escena que sintetiza el clima actual: dirigentes enfrentados, tensiones cruzadas, escasos gestos de convivencia. Aunque hubo excepciones —como algunos encuentros cordiales entre oficialismo y oposición—, predomina una dinámica de confrontación permanente, incluso dentro de las propias fuerzas políticas.

En este contexto, la pregunta central es si esta reforma contribuye a mejorar la calidad de la democracia y a reconstruir confianza. Mi impresión es que no. Por el contrario, puede profundizar las tensiones existentes y abrir nuevos frentes de conflicto, incluso en el plano judicial.

Se abre ahora un debate que no se limitará al Congreso, sino que involucrará a toda la sociedad. Y sería deseable que, en ese proceso, el gobierno revise sus prioridades. La Argentina necesita reformas políticas, sin duda, pero sobre todo necesita reglas de juego que promuevan cooperación, previsibilidad y confianza. Sin eso, cualquier cambio será, en el mejor de los casos, incompleto.