Tras la resolución que habilita un mayor uso de bioenergías en combustibles fósiles, la provincia de Córdoba volvió a reclamar por la sanción de una ley que otorgue mayor previsibilidad al sector y brinde un marco estable para las inversiones en la cadena de biocombustibles.

El conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán impulsó una fuerte suba en los precios de la energía. Desde el inicio de las tensiones en Medio Oriente, el valor del barril de petróleo superó los 100 dólares y, en la Argentina, los combustibles acumulan aumentos cercanos al 25%.

En ese escenario, la Secretaría de Energía de la Nación modificó una norma que habilita a las refinadoras a incrementar el uso de biocombustibles. La medida —establecida en la Resolución 79/2026— no modifica el corte obligatorio vigente por ley, sino que introduce cambios en las especificaciones técnicas de los combustibles. En particular, eleva el límite de oxígeno permitido en las naftas, lo que otorga una mayor flexibilidad en las mezclas.

Bajo este nuevo esquema, se puede alcanzar hasta un 15% de bioetanol en naftas (elaborado a partir de maíz y caña de azúcar), mientras que el biodiésel (que se produce a partir de aceite de soja) continúa incorporándose al gasoil manteniendo su piso obligatorio del 7,5%, aunque con la capacidad técnica de alcanzar mezclas de hasta un 20%.

El planteo es compartido por un conjunto amplio de provincias con perfil bioenergético: Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Tucumán, Jujuy, Corrientes y Misiones.

“Celebramos esta noticia, pero aprovechamos la oportunidad para pedir una ley”, dijo Mariano Santillán, director de Biocombustibles y Bioenergías de la provincia de Córdoba, en diálogo con AIRE Agro.

Una política de promoción

Santillán planteó la necesidad de un cambio de enfoque en la política energética. “Hoy tenemos una ley mandatoria, dependiente de la decisión de gobierno, que consideramos contraproducente para la Argentina porque no toma en consideración estratégicamente el potencial de materias primas para producir biocombustibles en nuestro país, como sí es considerado en para la minería e hidrocarburos”, afirmó.

En esa línea, indicó que el planteo es compartido por un conjunto amplio de provincias con perfil bioenergético: Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Tucumán, Jujuy, Corrientes y Misiones.

Según explicó, la experiencia acumulada desde la primera ley de biocombustibles, vigente entre 2006 y 2021, mostró resultados concretos. “Fue una ley de promoción que permitió desarrollar el segmento. Pasamos de tener 10 a 50 empresas productoras de biocombustibles, con una producción estable y competitiva”, señaló.

El cambio normativo introducido en 2021, con una ley vigente hasta 2030, alteró ese sendero. “Había una oportunidad histórica de crecer, pero se tomó una decisión contraria, que fue bajar el corte del biodiésel, con un mercado regulado, atado a una coyuntura de precios y no a una visión de largo plazo”, sostuvo.

“Es clave poner este debate sobre la mesa y avanzar hacia una ley construida por consenso, con rigor técnico, científico y económico”, dijo Santillán.

“Hoy necesitamos una ley que considere la promoción de biocombustibles como una política firme y que no ponga a las provincias productoras como la variable de ajuste en el debate entre el modelo agroexportador de aceites y granos, y la cadena productiva de los hidrocarburos”, agregó.

Además, advirtió que la Argentina importa entre el 10% y el 15% del combustible que consume en el mercado interno, lo que abre una oportunidad para sustituir esas compras externas con producción local. “Estamos proponiendo establecer cortes de 20% y 30%, en sintonía con las proyecciones de Brasil, con un sistema escalonado para que el sector privado tenga previsibilidad en las inversiones”, afirmó.

Discusiones de fondo

Santillán se refirió al debate sobre el posible impacto de mayores cortes de biocombustibles sobre el precio de los combustibles. “Depende del momento. No necesariamente implica un aumento. Durante años se argumentó que subir los cortes encarecía los combustibles y generaba inflación, pero cuando se sinceraron los precios, aumentaron 40% de un momento a otro”, sostuvo. A su vez, planteó que ese proceso debería contemplar a la producción agroindustrial.

Otro de los ejes de discusión es la competencia entre el uso industrial de los cultivos y la producción de alimentos. En ese punto, diferenció el escenario local del europeo, donde la superficie disponible y la demanda de alimentos y energía generan tensiones. “En Europa esa tensión existe porque la superficie y la demanda de alimentos y energía compiten entre sí. Pero en la Argentina no ocurre lo mismo”, afirmó.

“Argentina, Brasil, Sudáfrica, Estados Unidos y Australia integran un conjunto de países con disponibilidad de superficie sembrable y potencial industrial. A partir de esa base, nuestro país puede posicionarse como proveedor de materia prima sin comprometer la producción de alimentos”, aseguró. “Es clave poner este debate sobre la mesa y avanzar hacia una ley construida por consenso, con rigor técnico, científico y económico”, concluyó.

Fuente: Aire Agro