Esos montos resultan superiores a los registrados en enero de 2026 para la PFA: un suboficial mayor percibió $ 1.711.185, un sargento $ 1.168.762 y un cabo $ 965.919. En Gendarmería, escalas comparables se ubicaron entre $ 783.112 (gendarme) y $ 1.533.000 (suboficial mayor).

“Sin escatimar recursos”

La mejora salarial se inscribe en un plan integral para las fuerzas de seguridad presentado por el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe la semana pasada, que también impacta de manera directa en la ciudad de Santa Fe y en Rosario, donde buena parte del personal provincial presta servicio en patrullajes, controles y tareas preventivas.

El ministro Pablo Cococcioni sostuvo que la Provincia hoy tiene un gobierno “pro policía” y avanza “sin escatimar recursos”, con la idea de fortalecer a la fuerza propia y evitar situaciones de tensión laboral como las que se vieron en otras jurisdicciones.

En síntesis, la Provincia estableció un plus por tareas de calle para personal operativo tanto en Rosario como en la capital provincial y ciudades del área metropolitana, además de un adicional específico para conductores de patrulleros. También elevó la Tarjeta Alimentaria Policial, aumentó el pago de la hora OSPE y actualizó los adicionales por riesgo.

El paquete no fue solo económico. La Provincia lanzó una cobertura integral de salud mental sin costo para los policías y sus familias, con atención profesional y provisión de medicamentos, y reforzó equipos de asistencia ante situaciones de crisis y estrés laboral.

En paralelo, el Gobierno garantizó alojamiento gratuito en Rosario y Santa Fe para efectivos de otras localidades y anunció un futuro programa de apoyo al alquiler en destino, buscando reducir traslados extensos y mejorar las condiciones de descanso del personal. También se amplió el transporte gratuito, duplicando la cantidad de colectivos destinados al traslado diario de efectivos hacia sus lugares de servicio.

El contraste con Nación

Este esquema contrasta con lo ocurrido la semana pasada en Buenos Aires, cuando un suboficial de la Policía Federal se encadenó armado a las rejas de Casa Rosada para reclamar una mejora salarial y denunciar presunta corrupción interna.

El agente afirmó públicamente que su ingreso rondaba los $ 700.000, cuestionó condiciones laborales y habló de problemas de salud y desgaste dentro de la fuerza. El episodio terminó con intervención médica y traslado a Asuntos Internos, pero dejó expuesto un malestar persistente en la PFA.

Mientras ese conflicto exhibía tensiones abiertas a nivel nacional, Santa Fe avanzaba con una combinación de aumentos salariales y políticas de cuidado laboral para su policía.

Fuente: El Litoral