Los gobiernos firmantes advirtieron que este tipo de acciones constituyen “un precedente sumamente peligroso” para la paz y la seguridad regional, al tiempo que ponen en riesgo a la población civil. La preocupación se centra no solo en el impacto inmediato del operativo, sino también en las consecuencias geopolíticas a mediano y largo plazo.

En ese marco, el comunicado remarca que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, sin injerencias externas. La declaración apunta a desalentar cualquier intento de resolución por la vía militar.

Defensa del diálogo y la soberanía

Uno de los ejes centrales del pronunciamiento conjunto es la reafirmación de que solo un proceso político inclusivo, liderado por los propios venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana. Los seis países coincidieron en que las presiones externas profundizan la inestabilidad.

Asimismo, reiteraron el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, una definición histórica que se apoya en el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención en los asuntos internos de otros Estados.

En ese sentido, hicieron un llamado a la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad del continente. También exhortaron al secretario general de las Naciones Unidas y a los Estados miembros a utilizar los mecanismos multilaterales disponibles para contribuir a la desescalada de las tensiones.

El comunicado incluye además una advertencia específica sobre la posibilidad de control, administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos venezolanos. Los firmantes consideraron que ese escenario resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región.

Un contexto de máxima tensión internacional

El pronunciamiento se conoce en un contexto de alta tensión diplomática tras el operativo estadounidense que derivó en el traslado de Nicolás Maduro a una prisión federal en Nueva York. Washington justificó la acción en la lucha contra el narcotráfico y la necesidad de restablecer la democracia en Venezuela.

Sin embargo, distintos actores internacionales cuestionaron la legalidad de la intervención y alertaron sobre el precedente que podría sentar en materia de soberanía y relaciones internacionales. La reacción conjunta de España y cinco países latinoamericanos se inscribe en ese marco de creciente preocupación.

Maduro fue filmado esposado y rodeado de agentes tras su arribo a Nueva York.

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