Por la ley

Como se recordará, el jueves 2 de octubre, el Senado nacional rechazó los vetos de Javier Milei a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Salud Pediátrica, más conocida como "Ley Garrahan". En cuanto al financiamiento universitario tuvo el apoyo de 58 senadores y el rechazo de 7, mientras que 4 legisladores de la cámara alta del Congreso se abstuvieron.

A pesar de haber atravesado todas las instancias legislativas, el Gobierno suspendió su aplicación por decreto, alegando falta de claridad sobre el financiamiento. De esta manera, el conflicto entre las universidades y la administración nacional, que ya lleva dos años, se profundiza y no muestra señales de resolución.

En el debate del Presupuesto 2026 de la semana pasada, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, junto al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, confirmaron que no se implementará la Ley de Financiamiento Universitario.

Torrendell señaló -ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda integrada por 49 legisladores- que el Presupuesto 2026 prevé un aumento de la inversión educativa de 17,6% en términos nominales y, dado que se proyecta un 10,1% de inflación anual, esto representa un aumento real del 7% en inversión educativa.

Álvarez, por su parte, defendió la gestión: negó cierres de universidades o despidos, y calificó las denuncias del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) como parte de una "campaña del miedo".

A la Justicia

El CIN resolvió el pasado 22 de octubre avanzar con una acción de amparo para presentar ante la Justicia. Este recurso busca proteger derechos fundamentales -como la educación, el trabajo y la igualdad de oportunidades- frente a actos contrarios a la ley.

En el comunicado, el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci, afirmó: "Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política. Hemos sido muy responsables y serios priorizando siempre los caminos institucionales para reclamar una respuesta y corresponde ahora recurrir a la justicia para garantizar su cumplimiento".

Fuente: El Litoral