El joven de la comunidad mapuche muerto el sábado en un operativo realizado por Prefectura Naval en Villa Mascardi, provincia de Río Negro, fue asesinado con el disparo de una bala 9 milímetros, confirmó hoy la autopsia, y reveló que el calibre del proyectil es similar al usado por la patrulla Albatros, de esa fuerza. La autopsia realizada en la morgue de Bariloche, cuyos resultados finales estarán el jueves, mostró que el proyectil ingresó por el glúteo izquierdo de Rafael Nahuel Colhuan, de 22 años, realizó un recorrido ascendente, comprometió varios órganos y quedó alojado en la axila derecha. Fuentes judiciales informaron a la prensa que el calibre del proyectil es similar al usado por la patrulla Albatros, el grupo de elite de Prefectura que el sábado reprimió a un grupo de la comunidad mapuche en Villa Mascardi, zona de donde los había desalojado dos días antes. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo en una conferencia de prensa que el gobierno otorgó "carácter de verdad a la versión de Prefectura", fuerza que dio cuenta sobre un enfrentamiento con mapuches en el predio, donde también resultaron heridas y detenidas dos personas de esa comunidad. "De acuerdo a la Prefectura que estuvo en el lugar había armas de grueso calibre (del lado de los mapuches)", manifestó la ministra. "Las armas están ahí o ya las sacaron. Porque no se pudo entrar más, la patrulla bajó y fue desarmada. Todas las armas que se utilizaron en contra de la Prefectura están ahí o se las llevaron, seguramente ya se las llevaron", dijo la funcionaria. Bullrich expresó: "Llevamos adelante una acción legal, legítima, totalmente enmarcada en la ley frente una acción ilegal, violenta e inaceptable para la democracia de un pueblo que quiere vivir en paz" y trasmitió su "pésame" a la familia de la víctima mortal. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) repudió en un comunicado la represión a la comunidad mapuche de Bariloche "que ha generado múltiples heridos y la muerte de Rafael Nahuel asesinado por las fuerzas federales intervinientes". "Advertimos que este camino pone en serio riesgo la democracia en tanto las garantías constitucionales son vulneradas en su sentido más profundo", sostuvo el organismo. Asimismo, dijo que "el resguardo de la vida de las personas debe ser una obligación de primer grado del Estado y de cualquier gobierno democrático como así también el pleno cumplimiento de la Constitución Nacional que garantiza el derecho a la tierra de los pueblos originarios".