Han pasado 25 años, un cuarto de siglo, desde que Carlos "Chacho" Álvarez renunció como vicepresidente de Fernando de la Rúa, en octubre de 2000, tras denunciar el pago de sobornos a senadores para aprobar la reforma laboral.

Aquel escándalo, conocido como el "Banelco" por los rumores de pagos a través de cajeros automáticos, involucró presuntamente 5 millones de dólares entregados a legisladores para flexibilizar el mercado laboral en medio de una crisis económica que terminaría explotando en 2001.

Álvarez, un hombre de centroizquierda en una alianza frágil con el radicalismo, se fue gritando "¡Basta de corrupción!", pero su salida no fue más que el preludio de un ciclo interminable. 

Recordemos el contexto inmediato. Tras la renuncia de Álvarez, el gobierno de De la Rúa colapsó en diciembre de 2001, con saqueos, defaults y cinco presidentes en una semana. Pero la corrupción no se fue con él. En 2003, el exsecretario del Senado Mario Pontaquarto confesó haber distribuido esos sobornos, reabriendo una causa que salpicó a De la Rúa y varios senadores, aunque muchos casos se diluyeron en la justicia lenta.

Eduardo Duhalde, como presidente interino, prometió estabilidad, pero su breve mandato estuvo marcado por acusaciones de favoritismo en la devaluación del peso, que benefició a exportadores cercanos al poder. Con Néstor Kirchner en 2003 llegó una supuesta "renovación" peronista. Kirchner impulsó purgas en la Corte Suprema y las fuerzas de seguridad, destituyendo jueces como Julio Nazareno y Eduardo Moliné O'Connor por corrupción y lealtades menemistas.

Sin embargo, pronto emergieron sus propios escándalos. En 2004, el caso Skanska reveló sobornos suecos en la construcción de gasoductos, con sobreprecios en obras públicas que involucraron a funcionarios del Ministerio de Planificación. 

Y en 2007, el "escándalo de la valija" estalló cuando el venezolano Guido Antonini Wilson fue detenido en Ezeiza con 800.000 dólares en una maleta, presuntamente destinados a la campaña de Cristina Fernández de Kirchner (CFK). Aunque CFK lo negó, el caso expuso vínculos con el chavismo y lavado de dinero.

Cristina Fernández, presidenta desde 2007, profundizó el modelo. Su era fue un festival de denuncias: el caso Hotesur y Los Sauces, donde se acusó a su familia de lavar dinero a través de hoteles con contratos ficticios; la "Ruta del Dinero K", donde el empresario Lázaro Báez, amigo de los Kirchner, fue condenado por lavar 55 millones de dólares en sobreprecios de obras viales en Santa Cruz.

Culminó en 2018 con los "Cuadernos de las coimas", donde el chofer Óscar Centeno detalló en libretas entregas de bolsas con millones en sobornos de constructoras a funcionarios, totalizando al menos 53 millones de dólares. CFK, Baratta y decenas más fueron procesados, con confesiones y arrepentidos que pintaron un esquema sistemático de corrupción en obras públicas.

Odebrecht, el gigante brasileño, admitió pagar 35 millones de dólares en sobornos en Argentina para contratos, integrando al país en el Lava Jato regional.

Mauricio Macri, de Cambiemos, llegó en 2015 prometiendo "transparencia republicana". Pero pronto cayó en sus propias trampas. El escándalo del Correo Argentino involucró a su familia en una deuda condonada por el Estado, con acusaciones de conflicto de intereses. 

Los Panama Papers revelaron sociedades offshore de Macri y su entorno, evadiendo impuestos. Y en 2018, su gobierno enfrentó denuncias por sobreprecios en autopistas y vínculos con Odebrecht.

Alberto Fernández, de 2019 a 2023, no rompió el molde. El "Vacunagate" expuso cómo funcionarios y allegados al poder se saltaron la fila para vacunas COVID, en un país con miles de muertes diarias. Además, casos como el de la obra pública en Vialidad llevaron a la condena de CFK a seis años por fraude, aunque apelada.

Ahora, bajo Javier Milei desde 2023, la "nueva política" libertaria ya huele a lo viejo. En diciembre de 2024, el senador Edgardo Kueider, exaliado de CFK que se pasó al mileísmo, fue detenido en Paraguay con 211.000 dólares en efectivo no declarado, alegando cercanía al gobierno y temores de represalias. 

Acusado de enriquecimiento ilícito, su caso salpica a Milei con rumores de sobornos para aprobar la Ley de Bases.

El diputado Cristian Ritondo, de PRO (aliado de Macri), ocultó propiedades en Miami por 2.6 millones de dólares en sus declaraciones juradas. 

Y el fiscal Ramiro González organizó una fiesta lujosa con jueces y operadores judiciales, cuestionando la austeridad en tiempos de crisis.

Estos episodios, que vinculan a Milei, CFK y Macri, demuestran una "cultura de corrupción" transversal.

En 25 años, hemos visto de todo: valijas, cuadernos, offshore, sobornos multinacionales. Presidentes de izquierda, derecha y libertarios; todos prometen cambio, todos caen en lo mismo. La justicia avanza a cuentagotas – algunos condenados, muchos absueltos – pero el sistema persiste porque la impunidad es la norma.

Álvarez renunció por dignidad; hoy, ¿quién lo hace? Nada ha cambiado: por desgracia, la corrupción no es una anomalía, sino que parece ser la constante de la política argentina.

Fuente: Cadena 3