Este fallo generó fuertes reacciones tanto a favor como en contra. Desde el kirchnerismo celebraron la decisión, interpretándola como una muestra de "lawfare" en su contra. En contraste, la oposición cuestionó la decisión y advirtió sobre el mensaje de impunidad que, según argumentaron, podría enviar a la sociedad.

Varios juristas señalaron que las acciones de responsabilidad patrimonial contra exfuncionarios son excepcionales y extremadamente difíciles de sostener sin una condena penal previa. En este caso, los jueces consideraron que no había pruebas suficientes para asociar a la expresidenta con una responsabilidad civil sin el respaldo de una condena penal firme.

A pesar de la resolución en la causa civil, el frente judicial de Cristina Fernández de Kirchner sigue abierto. La causa Vialidad continúa su curso y la exmandataria enfrenta otras investigaciones en distintos grados de avance. La decisión de la Cámara también podría revitalizar su figura dentro de su base de seguidores, en un contexto político marcado por la creciente presión sobre el sistema judicial.

En el plano político, el fallo reabre el debate sobre los límites y alcances de la responsabilidad civil de los exfuncionarios y sobre la necesidad de reformar el sistema judicial, una agenda que el oficialismo ha puesto en el centro de su discurso. El fallo podría convertirse en un nuevo capítulo dentro de la batalla judicial que enfrenta la exmandataria.