El Boletín Oficial de la Nación trajo varias novedades que, de tan anunciadas, ya habían dejado de serlo: dos vetos totales, uno a la ley de financiamiento universitario y otro a la ley de emergencia sanitaria y residencias en salud, conocida como ley Garrahan, al que la ley declara como "hospital de referencia nacional en la atención de alta complejidad, garantizando en el marco de la emergencia su pleno y sostenido funcionamiento".

Este jueves por la mañana se daba por seguro un tercer veto, el que establece el reparto automático de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), tema de directa competencia de los gobernadores que impulsaron en conjunto la norma y con quienes el Ejecutivo busca recomponer el diálogo, eso si, de a uno.

Miércoles de rechazos

Primero fue el decreto 647 por el que el Ejecutivo veta la ley 27.795 de financiamiento a las casas de altos estudios. Horas después llegó el 651 de observación a la 27.796, de emergencia en salud pediátrica.

Así como cada ley tuvo su redacción y argumentación en ambos recintos, de Diputados y de Senadores, los fundamentos de su rechazo también ofrecen cálculos propios, aunque tienen puntos en común: obviamente, uno de ellos es la invocación del artículo 83 de la Constitución Nacional que habilita el mecanismo del veto total o parcial y el camino que sigue el trámite. "Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen: esta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas Cámaras serán en este caso nominales, por si o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las Cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquél año".

Así ocurrió recientemente con dos leyes vetadas por el PEN que corrieron distinta suerte para el gobierno de Javier Milei: la emergencia en discapacidad, vetada y luego ratificada por el Congreso con lo que ahora se espera su publicación y reglamentación, a menos que se "judicialice" como amenaza el gobierno; y la recomposición jubilatoria, también rechazada por el Ejecutivo que no volvió a pasar el filtro del oficialismo y aliados en las cámaras, y quedó en el camino.

Volviendo a los dos vetos que se conocieron el miércoles por la noche, con diferencia de apenas unas horas, ambos llevan la firma del Presidente y de todo el gabinete, aún sin el flamante Ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien fue anunciado en ese cargo pero no confirmado en el Boletín Oficial.

En los dos casos se alude a que las leyes ponen en riesgo el equilibrio fiscal y que no está claro de dónde podrían provenir los fondos para hacerlas efectivas. Pero también se advierte, en el caso de la emergencia en pediatría que, "el gasto generado deberá financiarse mediante reasignaciones dentro del presupuesto del Ministerio de Salud y con reservas destinadas a contingencias sanitarias, lo que inevitablemente conduciría a la desfinanciación de programas sanitarios vigentes y a la erosión de los recursos destinados para prestar asistencia en emergencias".

Es más, establece un equivalencia entre la reasignación de fondos para el fin que establece la ley con "alrededor de un tercio del calendario total de vacunas, tres veces el crédito destinado para políticas de cobertura en VIH, lepra, tuberculosis, ITS y hepatitis virales o al financiamiento de un año y medio de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria", entre otros programas.

Por cadena nacional

"Cuando no existen los recursos suficientes para solventar los compromisos asumidos, la consecuencia inevitable es el deterioro del sistema que se dice proteger, la aceleración inflacionaria y el empobrecimiento de los mismos sectores que se proclama amparar", condiciona más adelante. Mientras, confirma que el próximo lunes 15 de septiembre va a remitir al Congreso el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional, "el cual constituye el instrumento fundamental para la programación económica y financiera del Estado Nacional".

"En el marco de la aprobación del Presupuesto Nacional es donde se debate de manera integral la forma de afrontar los gastos y erogaciones que demandan las distintas políticas públicas", siguen los considerandos del veto. Sin aludir a que el envío del presupuesto para 2026 era una incógnita entre legisladores y legisladoras hasta hace unas horas, cuando el vocero presidencial anunció, por un tuit, la cadena nacional que emitirá un mensaje grabado el lunes a las 21.

Hace meses que se viene reclamando por la ausencia de un nuevo presupuesto, mientras el gobierno nacional sigue asignando (o resignando) partidas en base a un modelo aprobado en la gestión de Alberto Fernández, en términos de la dinámica económica y social que se registró en estos casos dos años, un siglo.

Equilibrio fiscal

La misma razón, el envío del Presupuesto 2026, se invoca para el veto al financiamiento universitario, además de insistir con dos conceptos: "la economía tiene reglas claras y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que ingresa", e "independientemente de lo que pudiere pretender algún sector de la política, este gobierno nacional no realizará ninguna acción que comprometa el equilibrio fiscal".

En este caso, se advierte que el proyecto de ley implica un costo total superior al billón de pesos, en tanto "presenta importantes deficiencias en el financiamiento previsto para afrontar los gastos que genera su aplicación". Una vez más, considera que "el impulso de una medida como la actual, que incrementa de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes para solventar dicho gasto, genera un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica y, por ende, se traduce en perjuicios concretos para la población, especialmente para los sectores más vulnerables.

Habrá que esperar al próximo lunes para saber qué se proyecta para el funcionamiento del Estado nacional, incluida la salud pediátrica y la educación superior. Cabe recordar que la "ley de leyes" para el período 2025 fue presentado también en el Congreso Nacional por el propio Presidente, en cadena nacional y en la Cámara de Diputados, aunque su tratamiento se "congeló" en la comisión de Presupuesto y Hacienda que está al manos del libertario José Luis Espert. Por lo que se ve, su sola presentación no ofrece garantía de vigencia.

En cuanto a los vetos, será el Congreso el que tendrá la última palabra cuando ambos se discutan en el recinto. Se verá entonces si, como ocurrió con la Emergencia en Discapacidad, se suman adhesiones a la ley o si prospera la voluntad del Ejecutivo.

En cualquier caso, tanto desde el Hospital Garrahan como desde las universidades públicas, que a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamaron la sanción y promulgación de la ley, el conflicto ya está planteado y se expresará en las calles.

Fuente: El Litoral