El gobierno de Javier Milei atravesó su semana política más difícil. El Congreso rechazó cinco decretos impulsados por su ministro estrella, Federico Sturzenegger; dejó tambaleante el veto presidencial sobre la ley de emergencia en los servicios a la discapacidad y convirtió en ley los proyectos relativos al financiamiento a las universidades y a las residencias pediátricas.

Pero el golpe político más duro lo propinó quien fuera amigo y abogado del propio presidente, Diego Spagnuolo, quien involucró a Karina Milei y al clan Menem en un entramado de coimas.

Spagnuolo era, hasta el jueves, último el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); fue eyectado por el propio Milei tras el escándalo que generó la difusión de una serie de audios, tomados aparentemente de forma clandestina, en los que Spagnuolo involucra en hechos de corrupción a Karina Milei y a su íntimo colaborador Eduardo “Lule” Menem con la compra de medicamentos para discapacitados. También, a una de las dos más grandes droguerías del país.

El escándalo dejó al Gobierno en estado de shock. No confirmó ni desmintió los audios. Tal es su desconcierto que, en lugar de anunciar una investigación para deslindar responsabilidades del Gobierno, en general, y, en particular, de Karina Milei, se resolvió echar a Spagnuolo, quien en esos audios confesó haberle contado estos episodios al propio presidente Milei.

Este caso promete provocarle más de un dolor de cabeza al Gobierno máxime porque la Justicia ha decidido actuar con inusitada rapidez. En la madrugada del viernes se realizaron al menos 15 allanamientos que incluyeron a la agencia que dirigía Spagnuolo, a la droguería Suizo Argentina y a domicilios particulares de empresarios sospechados del pago de sobornos.

Uno de ellos, Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina –vinculado al clan Menem-, fue interceptado por la Policía de la Ciudad cuando intentaba irse de Nordelta en su auto con 266.000 dólares repartidos en una decena de sobres con anotaciones. También le encontraron 7.000.000 de pesos.

La oposición huele sangre y llevará el escándalo al Congreso. Se pedirá la interpelación del ministro de Salud Mario Lugones –a cargo de la intervención de la ANDIS– y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, si no se presenta este miércoles a dar su habitual informe de gestión ante el Congreso.

No será la única ofensiva que llevará adelante la oposición. En el Senado se buscará voltear definitivamente el veto a la ley de Discapacidad y, en paralelo, apurará un dictamen que buscar restringir el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo.

Los opositores buscarán quitarle al Gobierno una herramienta clave para llevar adelante su gestión. Es sabido que el oficialismo confía en que engrosará su representación parlamentaria a partir del 10 de diciembre próximo y, si bien no alcanzará la mayoría, al menos pretende contar con el número suficiente de legisladores para blindar los decretos presidenciales y los vetos que imponga el presidente a las leyes opositoras en el Congreso. La oposición pretende anticiparse a esa circunstancia y, por esa razón, quiere apurar una nueva ley regulatoria de los DNU antes de las elecciones de octubre próximo.

Los opositores creen que ahora están dadas las condiciones para redoblar la ofensiva: olfatean debilidad en el oficialismo. No solo en el Congreso, donde perdió aliados claves. También en el discurso público: como sucedió con el escándalo $LIBRA, el “caso Spagnuolo” amenaza con voltear uno de los pilares discursivos de los libertarios, la lucha contra la corrupción.

Fuente: Aire Digital