La declaración de caducidad fue solicitada por la defensa de la expresidenta, a cargo de Luis Goldin, argumentando la inactividad procesal por más de seis meses.

Tras analizar los argumentos de la defensa, el juez entendió que “le asiste razón a la codemandada al sostener que la resolución del 22/11/24 no ha renovado un nuevo plazo de caducidad, por cuanto el incidente de perención de la instancia no es interruptivo del plazo de perención en el principal sino estrictamente suspensivo”.

Dos Santos remarcó que desde la última actuación con capacidad de impulsar el proceso hasta el planteo de perención, se cumplió el plazo legal para declarar la caducidad.

“La caducidad de instancia no fue creado al solo efecto de castigar la negligencia de las partes en impulsar la tramitación del juicio, desde que va más allá del interés de las partes afectadas; fundamentalmente persigue evitar la prolongación indefinida de los procesos judiciales, en detrimento de los valores jurídicos de paz y seguridad y, en definitiva, de una buena administración de justicia”, agregó el juez al respecto en el fallo al que tuvo acceso TN.

De esta manera, el expediente civil iniciado por el Estado fue cerrado mientras que en el fuero penal el Tribunal Oral Federal 2 rechazó el pedido presentado por CFK para evitar la ejecución de sus bienes.

En su presentación, la expresidenta volvió a cuestionar el método utilizado por el cuerpo de peritos de la Corte Suprema para calcular el monto a devolver.

La expresidenta insistió en que no posee patrimonio vinculado al delito por el que fue condenada y que toda su evolución patrimonial, al igual que la del resto de su familia, “resulta absolutamente legítima”. “No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables”, remarcó.

Los magistrados recordaron que el fallo condenatorio por administración fraudulenta contra el Estado fue revisado en diversas instancias y que el monto fijado para el decomiso es “inconmovible” en esta etapa. “Ninguna de las cuestiones introducidas logra la tacha de arbitrariedad que nulificaría lo decidido, más allá de exhibir el desacuerdo de esa parte con una tesitura adoptada en contra de sus intereses”, escribieron.

Cristina Kirchner ya anticipó que, si Casación no le da la razón, recurrirá a la Corte Suprema y, eventualmente, a organismos internacionales de derechos humanos. Mientras tanto, el TOF 2 avanza para ejecutar la sentencia.

Fuente: Diario Panorama