La Argentina enfrenta la transición de un modelo inflacionario, insostenible y anquilosado, hacia uno competitivo y dinámico. En este contexto, el presidente Javier Milei decidió apuntar contra los "paros salvajes", esas huelgas que paralizan sectores clave y afectan la vida cotidiana de los ciudadanos. 

Un ejemplo es el paro de los judiciales en Córdoba, que dejó a las comisarías desbordadas, incapaces de procesar denuncias penales. Este caso ilustra no solo la resistencia al cambio, sino también la necesidad urgente de replantear cómo funciona el país.

En la Argentina inflacionaria, el esquema era simple: el Gobierno emitía dinero, los precios se disparaban (una lata de tomates pasaba de 100 a 200 pesos), y el aumento de la recaudación (como el IVA, que subía de 21 a 42 pesos) alimentaba un ciclo de gasto público descontrolado. 

Las provincias y municipios, con sus impuestos como Ingresos Brutos o tasas locales, seguían la misma lógica. 

Mientras tanto, los trabajadores del sector privado corrían detrás de la inflación, sin las garantías de estabilidad que gozan los empleados públicos, como los judiciales. Estos últimos, hoy en conflicto, no solo reclaman aumentos salariales, sino también atar sus sueldos al fuero federal. ¿Es razonable? Si todas las provincias exigieran lo mismo, ignorando diferencias de eficiencia o la presencia de "ñoquis" en algunos poderes judiciales, el sistema colapsaría.

Es cierto que los judiciales, muchos de ellos abogados con posgrados, cobran sueldos que oscilan entre 800 mil y 1,3 millones de pesos según antigüedad y formación. Pero, como se plantea, nadie los obliga a trabajar en el sector público. Pueden ejercer en el ámbito privado, donde la lógica de mercado premia la eficiencia y no el amiguismo o la antigüedad. 

Ahora, ¿Qué pasa si todos los profesionales capacitados abandonan el Poder Judicial? La Justicia, aunque sobredimensionada en algunos casos, necesita personal calificado. 

El problema no es solo salarial, sino estructural: en algunas provincias hay diez abogados donde bastarían dos, y todos quieren cobrar lo mismo, con aumentos automáticos. Ese modelo, viable en la Argentina inflacionaria, ya no es sostenible. Sin inflación, la recaudación no crece mágicamente, y los gobiernos no pueden seguir gastando sin control.

Aquí entra la embestida de Milei contra el derecho a huelga. El miércoles, el Presidente firmó un decreto de necesidad y urgencia que amplía el concepto de "servicios esenciales" o "trascendentales", exigiendo que ciertas actividades mantengan un funcionamiento mínimo (50% o 75%) durante las huelgas. 

Esto apunta directamente a sectores con gran poder de negociación, como el transporte o el complejo aceitero, cuyos paros pueden frenar la economía y la entrada de dólares. 

Recordemos el conflicto de las fábricas de neumáticos hace unos años: un gremio pequeño paralizó la producción, disparó los precios y dejó al país sin cubiertas. Ese modelo extorsivo, donde un sector impone sus demandas a costa de todos, es lo que Milei busca desarmar.

Pero el decreto no está exento de controversias. Especialistas en derecho constitucional, como Diego Armesto, advierten que podría violar la Constitución y tratados internacionales. 

La Justicia, que ya frenó partes del decreto 70/2023, podría tumbar este nuevo intento en tiempo récord. ¿Es entonces una estrategia política? ¿O un paso necesario para una reconversión económica que rompa con décadas de rigidez? 

La caída del 1,8% en la actividad económica en marzo, tras diez meses de crecimiento, muestra que Argentina necesita flexibilidad para competir. Los "paros salvajes" no solo afectan a los ciudadanos, sino que frenan el potencial de un país que, como señala Milei, debe dejar atrás 70 años de un modelo que ya no funciona.

La resistencia gremial y social será feroz, como lo demuestra el caso de los judiciales o la situación en Tierra del Fuego. ¿Puede Argentina seguir viviendo de la inflación y los paros que paralizan todo?

Fuente: Cadena 3