La Legislatura apartó de su cargo de fiscal a Gabriela Lescano, en una sesión conjunta que votó esa medida por unanimidad y por signos, sin debate, ni abstenciones. Todos los presentes de ambas Cámaras, tras comprobarse el quórum de sendos cuerpos aceptaron lo aconsejado por todos los integrantes de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa.

El escrito de la bicameral tomó la acusación de la diputada Silvana Di Stéfano (UCR), y en el recinto de la Cámara baja se ratificó la decisión. Ningún legislador respaldó el argumento que llevó el abogado que representó a Lescano, Gustavo Feldman, que sostuvo que la encartada no pudo por razones de salud ejercer su derecho a la defensa.

Al momento de informarse a la sesión que había dictamen de la comisión mencionada, su titular el senador Joaquín Gramajo, destacó la labor de la diputada acusadora, de los integrantes de ese cuerpo que forman ocho diputados y doce senadores, y también la labor de la defensa que llevó para su consideración dictámenes de respetados médicos sobre el estado de salud de Lescano. De inmediato dijo que el criterio de la Comisión ha sido siempre el de seguir los pronunciamientos médicos de “los peritos oficiales” que son “nada más y nada menos que los de la Corte y de la Caja de Previsión Social”.

En ese sentido, cabe recordar que en las últimas horas y antes de la redacción del dictamen de comisión, Feldman subrayó que por razones psíquicas y físicas su defendida no podía “literalmente” enfrentar una entrevista donde exponer sus argumentos y abundó: “su mal la ha provocado una sordera”.

Lescano fue encontrada por la auditoría interna del Ministerio Público de la Acusación responsable de faltas graves, que merecían una consideración de la Legislatura que se ha reservado las facultades disciplinarias sobre asuntos de ese tinte sobre fiscales y defensores públicos del sistema penal santafesino.

La Legislatura primero la suspendió provisoriamente sin plazos, en octubre pasado, y ahora tomó la decisión final de exonerarla. Lescano fue conocida por su actitud de encadenarse al edificio de Tribunales de Cañada de Gómez cuando supo que se le cuestionaban decisiones tan extrañas como nombrar personal, tomar expedientes judiciales y trasladarlos fuera de las oficinas del MPA, además de abrir una suerte de fiscalía paralela fuera de su lugar natural de trabajo.

Para Feldman los hechos señalados “no fueron probados”, pese a la documentación al respecto proveniente del MPA. Y, sobre todo, sostiene que Lescano no pudo ejercer su defensa por padecer una "Neurosis reactiva". Tal es el diagnóstico que un prestigioso psiquiatra, el Dr. Andrés González Carbone, vicedirector de la Colonia Oliveros, firmó en un escrito del que tuvieron copia todos los legisladores: 50 diputados y 19 senadores.

Fuente: El Litoral