La gestión de Javier Milei comienza a exhibir déficits inquietantes a solo seis meses de asumir el gobierno. A la intempestiva salida de Nicolás Posse, nada menos que el funcionario encargado de llevar las riendas de la administración desde la Jefatura de Gabinete, se sumó el despido de Pablo De la Torre.

De la Torre era el número dos del Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello, apuntado como el responsable de no repartir 5000 toneladas de alimentos –entre ellos 300 mil kilos de leche en polvo– retenidos en depósitos del ministerio.

El escándalo, que se desató a partir de una denuncia del dirigente social Juan Grabois que derivó en una investigación judicial, cobró vuelo luego que el Gobierno afirmara que esos alimentos no eran de consumo prioritario y que no tenían vencimiento inmediato, cuando luego se reveló todo lo contrario.

El Ministerio de Capital Humano debió reconocer la situación y, como acto reflejo, echó de la cartera a De la Torre, hermano de Joaquín De la Torre, un hombre de las filas del PRO. La oposición está convencida de que el funcionario saliente fue un “chivo expiatorio” del Gobierno para lavar sus culpas.

“Dijimos que había alimentos y había alimentos. Dijimos que se iban a vencer y se iban a vencer. Dijimos que había incumplimiento y había incumplimiento. Todo aceptado ahora por Pettovello. Decimos que hay hambre y no se están entregando alimentos... ¡hay hambre y no están entregando alimentos!”, acusó Grabois en sus redes sociales.

El escándalo promete escalar. No fue el único traspié que sufrió el Gobierno esta semana: la crisis por los cortes de gas a industrias y estaciones de GNC también le pegó de cerca.

Guillermo Francos, el nuevo hombre fuerte del Gobierno tras la salida del exjefe de Gabinete Nicolás Posse.

Sin identificar con nombre y apellido a las autoridades nacionales, las cámaras industriales del interior del país y las entidades que agrupan a los expendedores de combustibles señalaron a la administración libertaria como responsable principal por la interrupción del abastecimiento gasífero. Le endilgan errores de planificación y una gestión operativa deficiente a la hora de anticiparse a los hechos y tomar las medidas necesarias para evitar los cortes.

Las complicaciones por las restricciones gasíferas, que habían comenzado a aflorar la semana pasada con los primeros días de bajas temperaturas, se agravaron el martes por la decisión de la brasileña Petrobras de no entregar un cargamento de GNL en planta regasificadora de Escobar. La compañía argumentó no haber recibido en tiempo y forma la carta de crédito bancaria que avalaba el pago del suministro.

Recién entrada la semana el suministro comenzó a normalizarse luego de una gestión urgente de la canciller Diana Mondino con su par de Brasil.

Mientras Javier Milei pasaba su semana en Silicon Valley, Estados Unidos, con encumbrados exponentes de empresas tecnológicas, ajeno a los ajetreos de la gestión doméstica, Guillermo Francos fatigaba los pasillos del Senado en busca de las firmas para los demorados dictámenes de la Ley Bases y el paquete de reforma fiscal. Logró su cometido, aunque más de la mitad de las firmas de los senadores vinieron con disidencias.

Esto anticipa que el camino continuará difícil para el oficialismo en el Congreso. La sesión en el Senado fue convocada para el 12 de junio: el Gobierno espera llegar a esa fecha con los dictámenes acordados para evitar un desmadre en el recinto.

De conseguir la aprobación de la Ley Bases por parte de los senadores, el debate volverá a instalarse en la Cámara de Diputados, donde tuvo su origen. El cuento parece nunca acabar.

Mientras tanto, la oposición empuja su propia agenda en la Cámara de Diputados. Para el martes fueron convocadas dos sesiones especiales para discutir un tema urticante para el Gobierno: una nueva fórmula de movilidad jubilatoria y la recomposición de los haberes jubilatorios por la pérdida del valor adquisitivo por la inflación de enero.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, esta iniciativa tiene un impacto fiscal del 0,4 puntos del PBI. Un gasto que el Gobierno ha dicho que no está dispuesto a solventar, por lo que, de convertirse en ley, estará a tiro de veto presidencial.

El costo político de la medida, en un contexto de fuerte ajuste, caída de la actividad económica y crecientes despidos, podría no serle gratuito para el Gobierno de Milei.

FUENTE AIRE DE SANTA FE