En la misma semana en que la sociedad se movilizaba masivamente en defensa de la educación pública y en reclamo de sostener el financiamiento de las universidades, el gobierno logró avances significativos en el tratamiento de la ley Bases, al cerrar los acuerdos que permitieron emitir dictamen y habilitan la posibilidad de conseguir su aprobación en el Congreso en los primeros días de la semana entrante.

Fueron los dos temas, estrechamente imbricados, que dominaron la agenda político-institucional de la semana, y que también tuvieron su capítulo con una nueva decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vinculada al DNU 70/23, mejor conocido por el prefijo que lo magnifica. Con lo cual el espectro noticioso abarcó a los tres poderes del Estado y a los distintos actores sociales que, ciudadanos independientes incluidos, intervinieron en el debate público cifrado en las políticas que lleva adelante la actual gestión. Y que también lo dejaron a las puertas de definiciones con mayor o menor grado de inminencia. Indudablemente, son tiempos intensos.

En el arranque de la semana, desde el Poder Ejecutivo se buscó establecer la impronta informativa con una muy anunciada y esperada conferencia de prensa del Presidente, en su habitual horario del prime time televisivo, que se ocupó de dejar asentados los éxitos obtenidos principalmente en materia de eliminación del déficit de las cuentas públicas y su reemplazo por el superávit, y el impacto ya verificado de ello en el freno a la inflación, y aún por verificar en el nivel de los salarios.

Más allá de valoraciones cruzadas, no hubo ningún tipo de novedad ni, como se esperaba, menciones anticipadas a la marcha del día siguiente en particular, ni a la problemática de las universidades públicas en general.

Entre la calle y las redes

Fuera de ese discurso cuidadosamente preparado (y leído) ateniéndose al carácter formal y sosegado de una cadena nacional, la estrategia oficial se desplegó por otras vías y por distintos cauces: 1) intentar evitar que la marcha se concrete con asignación de fondos a último momento, anuncios de acuerdos no concertados y gestiones directas con los rectores; 2) amenazar con la realización de auditorías y luego, invirtiendo la relación de causa y efecto, buscando instalar que ése era el verdadero disparador de la protesta; 3) asignar a toda la movilización un carácter partidista, al concentrar la atención en personajes cuestionados (y no carentes de sentido del oportunismo), como si hubiesen sido ellos quienes en realidad estaban detrás; 4) deslizar la posibilidad de que se alienten o provoquen desmanes, funcionales para los aviesos intereses que visualizaban como autores intelectuales de la movida.

Nada de eso funcionó, ni se correspondió con lo que realmente estaba pasando. Sin terminar de procesar a tiempo la naturaleza del fenómeno social al que asistía, el gobierno debió recalibrar su enfoque (aunque sin admitirlo ni resignar la épica y la estética de la bravata descalificatoria) y en las próximas horas habrá reuniones entre funcionarios de primer nivel y los rectores de las universidades. Nada nuevo en las formas, mucho nuevo en los significados. Y a los efectos de poner en evidencia que los cambios son posibles y necesarios, pero no forzozamente unidireccionales.

Legitimaciones

Casi en simultáneo, y por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible un per saltum presentado por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez urgiendo a que el Congreso trate el DNU 70/23, decisión que se suma a las tomadas en los causas promovidas por el abogado Jorge Rizzo y por la provincia de La Rioja, y que algunos periodistas alineados se apresuraron a festejar como una convalidación de la norma.

En realidad, en los tres casos lo único que hizo el Supremo Tribunal fue rechazar las presentaciones por tecnicismos: no reconoció la legitimación procesal a quienes reclamaban. La lectura de que igualmente esto favorecía al gobierno no está desencaminada, pero de ahí a decir que la Corte convalidó el DNU hay un largo trecho. En todo caso, proporcionó al Poder Ejecutivo algún nivel de tranquilidad, pero a la vez dejando pendiente un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo en otras causas que siguen en pie. Todo mientras acaso el clima permita calmar los ánimos de beligerancia y se pueda encarar el proceso de reformulación de la integración de la Corte, que inopinadamente se activó en medio de esta discusión, con un poco más de tranquilidad y diálogo.

La Corte sigue teniendo pendiente una declaración de inconstitucionalidad del capítulo laboral del DNU, que tiene una causa, un fallo de la Cámara Nacional del Trabajo y ahí sí un actor habilitado: la CGT.

Y es que el DNU que vino a desregular la economía sigue vigente casi en su totalidad, con esa excepción del capítulo laboral, la derogación de la ley de tierras y las sociedades anónimas deportivas. Y esto es porque la ley 26.122 que regula el trámite de los Decretos de Necesidad y Urgencia dispone que una vez publicados deben ser enviados al Congreso para su revisión. La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo tiene 10 días hábiles para expedirse y elevar su dictamen a las cámaras. Si no se pronuncia, "las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto", establece la Constitución (artículo 99º inciso 3 y artículo 82º).

Frenos y contrapesos

Para que caiga un DNU deben rechazarlo ambas cámaras. Hasta ahora sólo el Senado lo hizo, mientras arrecian los intentos para que también lo trate la Cámara de Diputados, como reclamó Gil Domínguez.

Pero un punto crucial es que, como destaca el jurista Néstor Sagüés en un reciente artículo, en el sistema constitucional federal argentino no existe por parte del Poder Judicial un control preventivo de constitucionalidad. Como ha dicho reiteradamente la Corte, los tribunales federales no están para evacuar consulta de ninguno de los otros poderes del Estado.

En el caso del DNU 70/2023, varios tribunales establecieron su inconstitucionalidad, antes que el Congreso complete el trámite para aprobarlo o rechazarlo. La pregunta es qué pasa si las cámaras acaban convalidando algo que la Justicia ya declaró previamente inconstitucional. ¿Y qué pasaría si lo hubiese hecho la Corte?

Sagüés interpreta que, por razones tanto de seguridad jurídica como de economía procesal y de unidad del Estado, el Congreso no debería convalidar un DNU al que el máximo Tribunal argentino hubiera reputado inconstitucional. Ante lo cual, lo más lógico sería que el Poder Ejecutivo lo derogase. Pero a la vez, eso implicaría que la Corte estuviese ejerciendo ese contralor previo que, precisamente, no le compete (además de incrementar exponencialmente el número de causas en las que se reclame su intervención). Un verdadero atolladero jurídico, producto en parte de que, por conveniencias políticas de los Poderes Ejecutivos, nunca se llevó a cabo la regulación razonable del instituto del DNU. Eso que estipuló la reforma constitucional del '94 al incorporarlos, y tal como marcó el jurista Alberto Dalla Vía en una reciente entrevista con este medio.

En este escenario, las últimas decisiones de la Corte Suprema, que evitaron pronunciarse sobre el "mega DNU" ante la inexistencia de caso, resultan un interesante ejemplo de articulación saludable del sistema de frenos y contrapesos diseñado por nuestra Constitución, zanja Sagüés.

En la semana que se inicia, el Congreso discutirá y acaso aprobará la ley Bases que bien podría ocupar el lugar del DNU. A la vez, una nueva refriega parlamentaria se enfocará en que Diputados se expida finalmente sobre esa norma, a instancias del kirchnerismo. Y al mismo tiempo, se discutirá la suerte de las universidades, también con un proyecto parlamentario para declarar la emergencia de todo el sistema. La Corte marcó la cancha, ahora juega la política.