El funcionario del MPA indicó que "Bordiga llevó a cabo su conducta ilícita junto con otros dos uniformados que el año pasado fueron condenados en el marco del mismo legajo: Carlos David Romero y Juan Pablo Daccaro". Al respecto, mencionó que "las tres penas impuestas son de cumplimiento condicional", y remarcó que "ninguno de los agresores podrá volver a ejercer su oficio durante los próximos años".

Por otro lado, Hernández informó que "como reparación del daño que le causaron los integrantes de la fuerza de seguridad, el hombre que resultó víctima recibió 150.000 pesos", y aclaró que "cada uno de los policías que lo retuvieron ilegítimamente le entregó 50.000 pesos".

Móvil policial

El hecho ilícito fue cometido el miércoles 7 de octubre de 2020 aproximadamente a las 9:00 de la mañana. Por entonces, Bordiga era el jefe de la Comisaría número 22 de la Unidad Regional I, Romero cumplía funciones allí como suboficial y Daccaro se desempeñaba en la misma dependencia como subinspector.

Hernández relató que "mientras se trasladaban en un móvil policial, los condenados interceptaron a un joven que estaba en la esquina de Liniers y San Martín y, sin motivos legales, lo privaron de su libertad y lo llevaron hasta la comisaría".

"En el trayecto, Daccaro apuntó a la víctima con una escopeta que llevaba como arma de fuego reglamentaria y luego la utilizó para pegarle en la zona de las costillas", aseguró el fiscal. "Durante el ataque, los tres policías le exigieron al joven que les brindara información acerca de un televisor que había sido sustraído el día anterior", puntualizó.

"Una vez en la comisaría, Bordiga retuvo en una oficina al joven agredido, quien quedó bajo la custodia de los otros dos coautores", afirmó el representante del MPA. "En ese ámbito, Romero y Daccaro maltrataron físicamente a la víctima y la obligaron a suscribir documentos con declaraciones falsas acerca de lo sucedido", señaló.

Responsabilidad penal

Bordiga reconoció expresamente su responsabilidad penal como coautor de privación ilegal de la libertad por abuso funcional y apremios ilegales.

En la audiencia en la que se dispuso la condena, la Defensa aceptó la calificación penal de los hechos delictivos, la pena impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.

Fuente:El Litoral