Los manifestantes muertos fueron identificados como Iván Rodríguez, de 62 años, y Abdiel Díaz, de edad no precisada. Díaz murió en el lugar de los hechos y Rodríguez en un hospital.

El atacante, aparentemente impávido, continuó tras el tiroteo separando objetos que bloqueaban la carretera, como troncos, hasta que la Policía lo detuvo.

En las redes sociales circularon videos que captaron toda la secuencia de los hechos. La policía publicó también una foto donde el detenido, con anteojos y camisa gris, aparece sentado y esposado de una mano a un tubo, aparentemente dentro de un cuartel o camión policial. La foto fue posteriormente eliminada.

La Fiscalía dijo que inició “investigaciones por delito contra la vida e integridad personal en perjuicio de dos personas que se encontraban en un cierre de vías”.

El presidente panameño, Laurentino Cortizo, expresó sus condolencias “a las familias de los dos ciudadanos que perdieron la vida en un incidente registrado este martes en un sector de Panamá Oeste”.

“Se trata de un hecho que no tiene cabida en una sociedad llamada a ser solidaria como la nuestra”, agregó el mandatario en la red X, mientras varias marchas y vigilias fueron convocadas para el miércoles contra la mina y en memoria de las dos víctimas.

La ambientalista Raisa Banfield criticó en redes el sinsentido de lo sucedido. “Estamos defendiendo el Panamá de la vida, contra la muerte que trae la mina y resulta que la intransigencia nos lleva a que en la protesta mueran panameños”.

“Nos llevaron al abismo con su obtuso contrato, y ahora a la muerte sin sentido”, sentenció.

Caída la noche, grupos de manifestantes recordaron con velas a las víctimas del tiroteo.

Desde que comenzaron las protestas, al menos otras dos personas han fallecido en Panamá arrolladas en los sitios donde hay bloqueo de vías, unas acciones de fuerza que lideran los sindicatos docentes y de la construcción, además de grupos indígenas.

Para calmar el malestar ciudadano, el Congreso de Panamá aprobó la semana pasada una moratoria de la minería metálica y acordó dejar en manos de la Corte Suprema de Justicia la decisión sobre el polémico contrato con FQM, que permite la operación por 40 años de la mina.

Los ambientalistas quedaron satisfechos con la decisión del Congreso, pues consideran que en vez de que el contrato sea anulado por ley, debe ser la Corte la que lo declare inconstitucional para dar al país argumentos de defensa ante una futura demanda multimillonaria de la compañía.

El primer ataque

Pero el poderoso sindicato de la construcción, Suntracs, gremios de maestros y otras organizaciones insisten en que el contrato debe ser anulado por ley, por lo que continuaron con las protestas y los bloqueos de rutas.

Polémico contrato

Las protestas estallaron el día en que el Congreso aprobó la ley del contrato que firmaron en agosto el gobierno de Cortizo y la empresa Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, que extendió por 20 años prorrogables la concesión para que la empresa explote la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.

Este contrato sustituía al original firmado en 1997, que la Corte Suprema declaró inconstitucional porque la concesión se dio sin licitación, sin consultar a la población y bajo condiciones altamente desfavorables para el Estado panameño.

El gobierno defendió la firma del nuevo contrato argumentando que supondrá aportes mínimos anuales de la minera al Estado por 375 millones de dólares, diez veces más que el monto del acuerdo inicial.

Las autoridades advierten que el cierre de la mina hará perder 8.000 empleos directos y 40.000 indirectos, y asestará un duro golpe a la economía, en momentos en que el Canal de Panamá debió reducir el tránsito de buques por la sequía.

La minera, que ha invertido más de 10.000 millones de dólares en Panamá, asegura que aporta el 5% del PIB a su economía. Desde febrero de 2019, produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año, que representan el 75% de las exportaciones.

Fuente:Diario Panorama