Pasó entonces que entre la elección de gobernador y legisladores se produjo con el tiempo un notorio descalce. La preeminencia de figuras por sobre partidos tuvo algo que ver en que cuando Bonfatti fue electo gobernador tuviera una Legislatura en contra porque la ganadora para diputados resultó María Eugenia Bielsa. Años después Perotti se impuso como mandatario pero Lifschitz lo hizo como diputado. En definitiva, los gobernadores en minoría legislativa para avanzar en sus planes se rompen la mollera. No hay nada ilegal en que sea así. Otra cosa es saber si tiene sentido. Para los gobiernos y para la sociedad.

Las constituciones no son dogmas religiosos. No tienen vigencia perpetua al estilo de un libro sagrado. En determinado momento las transformaciones sociales las dejan desfasadas. El régimen de Pinochet de 1980 armó en Chile una Constitución que concentraba el poder en las elites económicas. Definieron un sistema político binominal que creó un sistema bipartidista dominado por coaliciones de centroderecha y de centroizquierda dejando sin representación a partidos menores. Y le otorgaba casi total capacidad de veto a una minoría que coincidía con los herederos políticos de la dictadura.

Esto aseguraba que cambiar la Constitución demandara un nivel de acuerdo imposible de tan alto. Así se garantizó en Chile un sistema que concentró en un puñado de multimillonarios el 25 por ciento de la riqueza del país. Al mismo tiempo una modesta clase media se empobreció endeudada hasta el pescuezo para poder acceder a educación, salud y el sistema de pensiones.

Así fue que esa Constitución que parecía eterna quedó desahuciada por la irrupción de unas mayorías extenuadas que un día salieron por millones a expresar su agobio. Abajo de ese vendaval, con las calles prendidas fuego, los mismos políticos que se beneficiaron de la constitución vigente debieron renunciar a su poder de veto y, ahora que no podían salir a la vereda, propusieron ellos mismos cambiarla.

El constitucionalista Fernando Atria, actualmente convencional de la constituyente que la está reformando, dijo que el enorme estallido social chileno de 2019 suponía una negación para los abusos de la clase política. Y que celebraba que esa negación hubiera llevado hacia un nuevo pacto. "Es una gran cosa que ese momento de la negación haya encontrado un camino institucional que conduce al momento de la afirmación: qué es lo que sí queremos". Se refería a lo que pretendía la mayoría y no una minoría muy consistente a la que un día se le terminó su capacidad de perpetuar asimetrías. Se le acabó el poder, al menos en su forma instrumental.

En Santa Fe hay una minoría de gente con un enorme poder. En 2012 para poder gobernar con una Legislatura en minoría Bonfatti acordó conceder al Senado una masa de subsidios multimillonarios. Esa montaña de plata se mantuvo hasta hoy. Hay diversidad entre los senadores: no son todos iguales. Pero ninguno hasta ahora ha dicho que el Senado no tiene por qué ser un Ministerio de Bienestar Social. Los legisladores no fueron creados para repartir dinero a fundaciones o entidades de bien público.

De paso, o sobre todo, cuando se quiso investigar cómo se gasta ese dinero la Legislatura toda produjo su disimulado incendio. Cinco senadores fueron denunciados en 2017 por el concejal rosarino Jorge Boasso por presuntos delitos económicos con esos subsidios. Como réplica sacaron la ley para que fuera la Legislatura, es decir ellos, la que investigue a los fiscales que los investigaban. Y a uno de ellos le hicieron una denuncia, lo apartaron de su pesquisa e impusieron su archivo.

Lo que emerge como gran interrogante es si hay algo agotado en este régimen político o si la provincia se va a seguir gobernando así. Todo lo que se está haciendo para mantener un esquema de poder cada vez más ilegítimo en Santa Fe lo dijo hace una semana el procesalista Alberto Binder en una conferencia abierta que organizó el Foro Regional Rosario el martes pasado. En ese ámbito empresario escuchaban un ministro de la Corte, el presidente del Colegio de Magistrados, el fiscal general de la provincia, funcionarios municipales, fiscales varios, directivos del Colegio de Abogados de Rosario y el ex concejal rosarino que denunció el irregular destino presunto de los subsidios entre otros.

Binder, este sí un verdadero especialista que asesoró a reformas del sistema penal en toda América Latina, dijo que Santa Fe venía realizando un esfuerzo muy consistente desde hace más de diez años para reorganizar su sistema de seguridad y de Justicia penal. Que se había dado la construcción de un Ministerio Público autónomo (fiscales) para enfrentar nuevas formas de criminalidad que son muy poderosas. Pero que avanzó hasta tocar una frontera. “Cuando empiezan a aparecer las investigaciones fiscales destacadas pasa en Santa Fe lo que pasa en otros lados: sectores de la dirigencia política se ponen en alerta y se sienten en peligro. Y el mecanismo que adoptan es tocar los mecanismos disciplinarios y pasárselos a la Legislatura”.

Es por eso que hoy un senador puede resistirse a ser investigado por un delito y encuentra aval, dijo Binder, en la expresión o en el silencio de la inmensa mayoría de los legisladores. Y finalmente en la Corte Suprema de la provincia que convalida que sean los legisladores quienes detenten la capacidad de sancionar a los que investigan delitos, lo que implica tener en la manga la carta para, si se meten con ellos, partirles la madre.

Binder dijo que su sospecha es que a la Legislatura tener en sus manos el régimen disciplinario le importa un comino. "Si buscaban eso era para abrir un canal para el intercambio de favores. Todo se convierte en una gran caja de favores. Y si dejo una cantidad de fiscales en procesos disciplinarios en suspenso es porque eso me permite dialogar. Lo que necesitaba la Legislatura era un canal de diálogo espurio con el Ministerio Público y no por interés en tener el control disciplinario".

Hace tiempo que esta lógica es un pilar de la gobernabilidad. Sellar acuerdos que permitan a sus partes el bienestar mutuo y ser intocables. Esto de hacer reformas institucionales al mismo tiempo que estamos tocando sectores de la clase política, dijo Binder, es un problema. "La pregunta de cómo romper la telaraña no es un asunto legal sino político", dijo el procesalista. “Una telaraña hecha de pequeñas complicidades, pequeñas desidias, de burocratizaciones, de hacerse los distraídos. Esto termina paralizando la acción de formar instituciones fuertes".

Estos marcos de alianzas que suponen concentración de poder son los que se están viendo con mucha nitidez. El de un ministro de la Corte provincial que tiene a su hijo como secretario Legislativo. El de una Corte que cambia de golpe su visión, sin explicaciones según Binder, para que los legisladores con exclusividad puedan reprender a los fiscales. Justo cuando le descubren los lazos ilícitos a un senador con el juego clandestino para destinar a campañas proselitistas.

“Hay dos temas que si siguen vinculándose es catastrófico para la provincia. Con el financiamiento ilegal de la política no nos podemos hacer los distraídos. La afectación a la calidad de la democracia es terrible si nuestros dirigentes van a ser gerentes de intereses espurios. Si este financiamiento viene de mercados ilegales esto es peor porque además de la corrupción van generando violencia", dijo Binder. Que no necesitó recordar que la investigación del juego ilegal es la misma que tiene presos no solo a un ex fiscal regional de Rosario sino a personas que atentaron a tiros contra el Casino generando la muerte de un apostador de 64 años que fumaba en un balcón el 11 de febrero de 2020.

La carta fuerte del senador que no puede ser investigado es que la Constitución de 1962 no lo permite. “La interpretación que da inmunidad a uno de los legisladores va en contra de la doctrina dominante en todo el país”, sostuvo Binder. “Los abogados tenemos la capacidad de convertir graves problemas institucionales en cháchara insustancial con textos llenos de palabra. La misma Corte hace eso hablando del control disciplinario largamente y finalmente en tres renglones dándoselo a la Legislatura”, observó.

Esta es la música de fondo de la fuerte puja de poderes a la que la sociedad civil asiste como convidada de piedra. El problema no es un senador. Si fuera así ya le habrían dado salida. El asunto con el legislador de San Lorenzo al que imputarán el mes próximo es que es la condensación de una forma general de gerenciar la política en la provincia que también encontró un límite. No parece sano lo que hacen. No lo parece que el defensor del senador anuncie ante una resolución adversa que el gobernador “no va a poder gobernar”. No va más cómo gastan la plata. La Legislatura, imprescindible e insustituible en el esquema democrático, ¿tiene que hacer política social?

En el presupuesto 2021 aprobado la Cámara de Senadores de 19 miembros recibió 2.907 millones de pesos. En un presupuesto total de 420 mil millones es menos del uno por ciento. El problema no es ese. Esa masa de dinero que no es menor (casi 8 millones de pesos por día corrido) contrasta contra los 200 millones anuales que tiene el MPA con 170 fiscales y empleados y estructuras para aclarar delitos.

De lo que habló Binder, en sus términos, es de lo que se vuelve inadmisible. De la necesidad de un nuevo andamiaje institucional porque, dijo, a la buena dirigencia que existe en la Legislatura hay que exigirle hablar de estas cosas. De la importancia de que la política, como dice Fernando Datria, termine con sistemas de negación para ir hacia uno de afirmación descartando lo que para las mayorías es de dudosa utilidad. Como los pequeños acuerdos entre poderes que quedan en flagrante transparencia. Los camaristas laborales de Rosario miran que la Corte, acaso para sostener uno, le está votando en contra de lo que deciden. Esta semana se define si el máximo tribunal se avoca al pedido de la Legislatura para investigar al ex ministro de Seguridad Marcelo Sain. Una jueza laboral dijo que no puede. La Legislatura le pide a la Corte un per saltum. El procurador de la Corte dictaminó esta semana negativamente. Son cosas que parecen muy pequeñas. También parecían pequeños, en 2019, los 30 pesos de aumento del transporte público en Chile.

Fuente:La Capital