La fuga de presos en la cárcel de Piñero encendió alarmas en el peronismo santafesino. Antes del encuentro de los diputados con los responsables del servicio penitenciario, desde el PJ advierten que las organizaciones delictivas “se van complejizando y sofisticando”, pero remarcan que “no es algo nuevo”.

El escape que protagonizaron el domingo ocho detenidos del penal ubicado a 20 kilómetros de Rosario sacudió la escena política santafesina y gatilló respuestas tanto del oficialismo y la oposición, en un hecho relacionado con la principal preocupación de la sociedad -la inseguridad- y que golpea al slogan con el que machacó Omar Perotti en campaña: Paz y orden.

El ministro de Gobierno de la provincia, Roberto Sukerman, de quien depende el servicio penitenciario, calificó ayer el hecho de “inédito” y planteó que “marca un antes y un después”.

En diálogo con La Capital, la diputada provincial Lucila De Ponti (PJ) usó el mismo adjetivo que el titular de la cartera política. Y agregó: “No se había visto la metodología que se utilizó para atacar el penal desde afuera, fue una acción muy organizada”.

En la misma línea, la también diputada justicialista Matilde Bruera alertó que existe en el territorio santafesino “una criminalidad organizada con alto grado de desarrollo, y que tiene que ver con los años de impunidad del crimen organizado en la provincia”.

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La ex defensora en la Cámara Federal de Casación Penal defendió al ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, cuyo cargo el Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación está en manos de la Legislatura. “La única vez que se intentó investigar el vínculo de estas organizaciones con el poder político y judicial se persigue a quien investiga”, disparó.

Como indican los manuales, la oposición apuntó al gobierno. "La información que tenemos es que se relajó el régimen de alto perfil y que había detenidos de esa condición que estaban alojados con presos comunes", dijo a LT8 el presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de la provincia, el radical Juan Cruz Cándido.

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“Queremos que informen qué fue lo que falló para que esto ocurriera. Qué se hizo con las alarmas previas que hubo alrededor de Piñero el año pasado. Hubo conflictividad interna, con motines y en mayo de este año fue la fuga de detenidos escondidos en un carrito de supermercado. Días antes hubo sobre la ruta 14, cerca de la cárcel, un tiroteo que podría estar vinculado a lo que ocurrió este último domingo. Queremos saber si hubo alguna respuesta ante esas alarmas”, señaló el ex funcionario de la cartera de Seguridad.

Por su lado, la diputada socialista Lionella Cattalini, presidenta de la comisión de Derechos y Garantías, puso el foco directamente sobre el gobernador. “Perotti se da el lujo de subejecutar el presupuesto que tiene para mantenimiento de cárceles. En el 2020, utilizó sólo el 39% de los 666 millones que tenía para destinar a la inversión pública en equipamiento y en el primer trimestre del 2021, apenas el 4,5% de 1.700 millones”, escribió en Twitter la legisladora.

“Siempre en casos como este la oposición plantea su postura de una manera muy taxativa, y con poca memoria de lo que ha sido la última década”, retrucó De Ponti. La referente del Movimiento Evita recordó un episodio ocurrido en 2019, cuando Maximiliano Pullaro era ministro de Seguridad: en mayo de ese año, emboscaron en la autopista Rosario-Santa Fe un colectivo que llevaba detenidos a la cárcel de Coronda y nueve de ellos se escaparon.

   

Las diputadas justicialistas Matilde Bruera y Lucila De Ponti, preocupadas por la fuga de la cárcel de Piñero

Foco en la Legislatura

Mañana la fuga de Piñero tendrá otro capítulo en la Cámara de Diputados. Ayer, las comisiones de Seguridad y de Derechos y Garantías citaron para mañana a los funcionarios responsables del servicio penitenciario: Walter Gálvez y Jorge Bortolozzi.

Las legisladoras peronistas dijeron que la convocatoria es correcta y que irán a escuchar a los miembros del gobierno provincial, pero también insistieron con el paquete de leyes de reforma policial que presentó Sain y, más de ocho meses después de haber ingresado, sigue frenado en la Cámara baja.

Si las leyes estuvieran aprobadas, consideró De Ponti, la policía hubiera tenido más herramientas para evitar la fuga.

“Hay que hacer un cambio estructural en la policía y la Legislatura se niega a tratarlo, es responsable de lo que está sucediendo con la seguridad en Santa Fe”, fustigó Bruera.

Fuente: La Capital