Casi simultáneamente frente al Centro de Justicia Penal el mismo viernes pedían igual cosa los familiares de Gonzalo Molina. Este chico de 20 años estaba en Garibaldi al 3700 junto a varios amigos cuando desde un auto con varios jóvenes empezaron a dispararles. Fue el 6 de febrero pasado. Gonzalo murió al día siguiente con un riñón y el hígado perforados. "Nos reunimos porque se cumplen tres meses de la muerte de mi hijo y no tenemos respuestas”, dijo el viernes Sandra.

No tener respuesta enuncia algo que trasciende el estado de la investigación del caso. Implica esa intemperie de carecer de claves para entender por qué en un segundo, caprichosamente, la vida de los que se quedan se desmigaja con la del ser amado que se va.

Lo que también se despedaza con historias así es la idea de que si un asesinato es suburbano, si implica a alguien que tuvo un antecedente penal o si es propio de un conflicto ajeno es muy poco lo que hay para lamentar, la visión de “se matan entre ellos”. Esos asesinatos de los que así desdeñamos implican lo contrario: mayor circulación de armas, más chances de producir muertes con un blanco errado, mas nenes cruzados por balazos, más demandas de recursos en hospitales que restan personal para atender traumas o enfermedades en áreas críticas, más personas en la cárcel lo que significa también más niños haciendo a la fuerza su proceso de socialización en prisión, algo que tendrá su efecto devolutivo en la comunidad.

Hace tres años hubo en Inglaterra y Gales una suba de los homicidios. Un editorial de The Guardian indicaba lo ruinosa que resulta cada muerte. "El crimen violento trae sufrimiento. A sus víctimas y a sus familias. También a sus perpetradores y a sus familias. Esto no significa que los que hacen daño tengan derecho a la misma consideración que quienes lo sufren. No lo tienen. Pero es importante saber que cuando hablamos de estadísticas de homicidios hablamos de múltiples vidas desperdiciadas y arruinadas".

Lo que advertía el diario, uno de los mejores del mundo, es que el desbande en la intimidad que provoca el homicidio tiene efectos sociales vastos, de cómo el destrozo subjetivo alimenta la violencia inferida y la hace escalar. El fiscal Gastón Avila tuvo ocho homicidios en su último turno hace dos semanas. Cinco de ellos fueron en febriles 48 horas del domingo 25 al martes 27 de abril. La profusión de casos letales en Rosario se endurece a lo largo de los años. Y en el que está en curso vuelve a empinarse. Al viernes pasado, 7 de mayo, había 83 homicidios. En 2020 eran a la misma fecha 72 sobre 212. En 2019, 61 sobre 168. En 2018, 84 sobre 204. En 2017, 59 sobre 165. En 2016, 74 sobre 181. En 2015, 90 sobre 234, En 2014, 109 sobre 254.

Víctimas y causantes de homicidios en sus recorridos vitales se parecen mucho. También en la tristeza de sus finales. La historia de un crimen del domingo pasado es representativa. Mauricio Gómez, de 22, fue acribillado a tiros desde un auto frente a la casa de su abuela en Colombia y French. Con una ojeada al historial del hecho se advierte que tuvo consumos problemáticos desde los 15 años, entradas a comisarías por hechos menores, también a centros de salud por intoxicaciones con drogas y una familia que pese a sus esfuerzos de protegerlo de sus adicciones nunca lo pudo contener, como le pasa a tantas otras. La vida de Mauricio reedita ciclos reiterados de chicos que roban bicicletas, garrafas o celulares para bancar sus consumos. O que entran a trabajar en los circuitos de la droga para pagar lo que toman. Y que en esos contextos mueren o matan.

Todos los días en fiscalías o centros de salud se cuentan estas historias. En los circuitos de la violencia se entreveran chicos marginales con casos casos de una rentabilidad extraordinaria. En diciembre pasado un fiscal de Rosario detectó en una escucha que un chico de 18 años que está identificado encarga un homicidio. Al negociar con el sicario no vacila en aceptar cuando le piden 200 mil pesos, solo replica que por esa cantidad el arma para hacer el trabajo debe estar incluida.

Toda la secuencia retrata la consolidación de rasgos potentes de un hampa novedosa que surge de una clara desintegración social y las nuevas identidades que el fenómeno produce: un monto sideral de dinero manejado por casi un adolescente que pacta matar a una persona. Lo que empuja hacia abajo las edades de las víctimas de homicidio, donde el año pasado la franja de 19 a 24 años volvió a ser la más expuesta.

Y este mismo caso circunscribe otro fenómeno, porque el chico actúa como mandatario de alguien que lo contacta desde una cárcel. Otra escucha en una fiscalía de la que no se darán más datos define que un referente criminal paga 28 mil pesos para que personal penitenciario le habilite el ingreso de bebidas para su cumpleaños. Allí mismo hay un negocio para ingresar celulares. Cuando un teléfono móvil en la mano de una persona en un pabellón allí significa sentencia de muerte para otras.

La dinámica actual de violencia letal perfila que Rosario, con 83 a la fecha, terminará el año una vez más superando los 200 homicidios. Conjurar los delitos contra la vida implica mucho más que prevención situacional. Supone trabajo de largo plazo sobre una criminalidad fragmentada en torno a mercados ilícitos, sobre todo de drogas, con un abordaje distinto y reforzado en las zonas más marcadas por los conflictos. Hoy la violencia florece porque el Estado para detenerla ha echado poca mano más allá del recurso policial.

En una ilustrativa nota publicada ayer el sacerdote de barrio Tablada Claudio Castricone contó como la falta de empleo y de recreación adecuada quiebra a chicos que se socializan en la calle. El campo de las adicciones hace estragos en barrios enteros, destroza familias y multiplica los balazos. Y la cárcel no promete soluciones. Un informe de este mes del Observatorio de Seguridad Pública de la provincia indica que en Santa Fe la cifra de presos en algo más de una década casi se duplicó. Pasó de 3.794 detenidos en 2008 a 7.598 en 2020: un 82 por ciento más en doce años. La mayor cantidad de detenidos son de Rosario.

Con el doble de personas presas la violencia lejos de moderarse se disparó. Y con las consecuencias señaladas: más armas circulando, más demanda hospitalaria, más cantidad de balaceras, ofensores y víctimas más jóvenes, mercados delictivos más fragmentados y más cruentos. Con todo esto la forma de enfrentar el problema exigirá innovaciones, que enlazan una vez más con el panorama arrasado al que todo debate de política criminal debe ser reenviado. El Gran Rosario es un aglomerado con un cuarto de millón de personas con problemas de empleo. En el último semestre de 2020 el Indec registró 506.419 pobres y 98.008 indigentes. El trabajo estatal de largo aliento, lejos de implicar solo a las áreas de seguridad, tiene esa zona pendiente.

uente:La Capital