Por primera vez en la historia, un sindicalista presentó de manera voluntaria su declaración jurada de bienes. Es decir: mostró su patrimonio. Todo lo que tiene. Carlos "Perro" Santillán, titular del gremio de municipales de Jujuy, se fue hoy ante la Anticorrupción de la provincia y rompió con una tradición instalada en el mundo de los popes de las centrales obreras.

En rigor, no hay una ley que obligue a los sindicalistas a transparentar sus bienes, como si ocurre con los funcionarios públicos. Ni siquiera existe la norma en Jujuy, donde la legislatura todavía no aprueba un proyecto de ley para obligar a las comisiones directivas de gremios que administran fondos públicos a confeccionar declaraciones juradas. Sin embargo, existe la posibilidad de “adherir” a la ley de ética pública y formar parte del régimen para declara patrimonios.

Eso fue lo que hizo el “Perro” Santillán. A principios de año, el sindicalista le escribió una nota al gobernador Gerardo Morales para pedirle que obligue a todos los sindicalistas a dar a conocer sus bienes. “Se le explicó que podía hacerlo de forma voluntaria y el trámite terminó concretándose hoy, vino acompañado con toda la comisión directiva del sindicato de municipales, unas 20 personas”, explicó a Clarín el titular de la OA Jujuy, Joaquín Millón Quintana.

Así, en menos de una hora, con la ayuda de un secretario del organismo provincial, Santillán completó el detallado formulario de declaración de bienes. “No tenemos nada que ocultar”, dijo el “Perro” al retirarse del lugar.

En diálogo con Clarín, se explayó: "Fue una decisión de la comisión directiva del sindicato municipal, hemos analizado la situación de descrédito que vive el sindicalismo, es bueno que sepan el patrimonio los compañeros y el pueblo para ver que no todos somos iguales", dijo.

"Se tiene que poder ver con qué entra uno y con qué sale, yo declaré una camioneta modelo 2005 y la casa donde vivo, fue recién la primera entrevista, me falta documentación que voy a presentar para justificar de dónde saque el dinero para comprar lo que tengo", agregó el "Perro".

Un proyecto imposible

El manejo de los fondos de los sindicatos y los patrimonios (y también fortunas) de muchos jefes gremiales ha sido un tema tabú en la política argentina. Todas las iniciativas destinada a obligarlos a “transparentar” sus cuentas fracasaron. También fueron cajoneados o siguen frenados los proyectos de ley presentados en el ámbito del Congreso Nacional.

En el año 2001, a comienzo de agosto, Patricia Bullrich, por entonces ministra de Trabajo del gobierno de la Alianza, firmó una medida para que los sindicalistas declararan sus bienes personales. No pudo conseguirlo. Los “Gordos” se abroquelaron, impusieron sus resistencia y se quejaron ante la OIT esgrimiendo que la medida afectaba su autonomía. En poco más de dos meses, la funcionaria fue eyectada del Gobierno: presentó su renuncia el 14 de noviembre.

Pocos meses después, tras la caída de Fernando De la Rúa, la ministra de Trabajo de Eduardo Duhalde, Graciela Camaño, derogó la medida de Bullrich para que los sindicalistas mostraran sus patrimonios. Detalle al margen: su esposo, Luis Barrionuevo, era (como en la actualidad) titular del gremio de Gastronómicos.

La “Piba” ─como se conocía a la ministra en su paso por la Alianza─ volvió a la carga en 2008, en su rol de diputada de la Coalición Cívica, con un proyecto de similares características. Su objetivo era lograr que cerca de 20 mil sindicalistas mostraran sus cuentas. Tampoco lo logró. Inclusive en el Senado, Gerardo Morales fue impulsor de un proyecto que también naufragó.

Ya con Macri en el Gobierno, Elisa Carrió, Fernando Sánchez y el bloque de la CC-ARI, tomaron la posta y se pusieron al frente de una iniciativa para conseguir que los gremialistas declaren su patrimonio. Sumó, para hacer al proyecto más atractivo y aprovechar las repercusiones del caso Lázaro Báez, a los titulares de las obras sociales y de las cámaras empresariales.

“La idea es impulsar a través del proyecto de ley que los sujetos mencionados sean pasibles de ser alcanzados por el mismo tipo de delitos que los funcionarios públicos, especialmente el delito de enriquecimiento ilícito”, explicaba la iniciativa. ¿Cómo fue su trámite? "Quedó en el cajón de alguna comisión", dijo a Clarín el diputado Fernando Sánchez.

En Jujuy, tomaron el proyecto “Lilito” como fuente de la iniciativa que presentaron para que los popes de los sindicatos que manejan fondos públicos muestren sus patrimonios.

En ella se establece que “los integrantes electos de los órganos de conducción de las asociaciones sindicales que perciban aportes de empleados públicos provinciales y municipales y aquellos que tengan facultades de disposición y/o control sobre la administración del patrimonio sindical” deben presentar declaraciones juradas patrimoniales.

“Además, se fundamenta en recomendaciones del GAFI, el organismo antilavado, que señala a los sindicalistas como personas políticamente expuestas que deben poner determinada información relacionada a su patrimonio a disposición del Estado”, agrega el titular de la Oficina Anticorrupción jujeña.

En el gobierno de Morales, que hoy recibió al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de DDHH de la ONU por el caso Milagro Sala, contrastan la actitud de Santillán con la de la líder de la Tupac, investigada por denuncias de defraudación al Estado y lavado de dinero. “Todo saben que el 'Perro' tiene desde hace años el mismo auto, modelo viejo, mientras Sala tenía un Smart”, señalan.

En ese contexto, algunos creen que la presentación del titular del sindicato de Municipales no fue una coincidencia, sino generada para “tapar” los reclamos por la liberación de la líder kirchnerista. En la provincia, lo desmienten.

FUENTE: CLARIN