Según el dictamen aprobado por los senadores, la llamada Comisión de Estudio, Investigación, Seguimiento y Evaluación del Funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación estará integrada por seis legisladores a propuesta de los diferentes bloques, y dispondrá de un presidente, un vicepresidente y un secretario. Fue impulsada por el voto positivo de doce senadores en tanto que cuatro votaron en contra con una fuerte crítica a su constitución. La iniciativa fue presentada por el senador Rubén Pirola (PJ-Las Colonias).

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el secretario de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe planteó: “En primer lugar es una comisión de facto, creada por una de las cámaras legislativas sin soporte legal para inmiscuirse dentro de la actividad de otro poder del Estado. Me parece algo reprochable desde el punto de vista del Derecho”.

Cuestionamiento político

Asimismo, el funcionario señaló que la iniciativa también es criticable desde el punto de vista político. “Si bien cada uno debe asumir las consecuencias de su accionar, me parece también que quienes abonaron a esa comisión no están de acuerdo con que determinadas investigaciones se produzcan”.

Somaglia remarcó “que el poder legislativo le solicite al poder judicial el cierre de ciertas investigaciones donde están en curso la autoría y la consumación de delitos como el juego clandestino, lesiones al orden público y que se correlacionan actividades vinculadas al quehacer de la drogadicción, no se puede aceptar”.

“Los legisladores deberían estar a la altura de lo que está haciendo el poder judicial y tratar que las situaciones se aclaren. La conformación de la comisión de seguimiento del trabajo de los fiscales es una resolución inconveniente para el sistema democrático, rompe uno de los principios republicanos. Acá estamos en una cinchada a ver quién tiene más fuerzas. Unos para investigar y otros para que no se investigue. Flaco favor se le hace a la ciudadanía, que espera que la comunidad política esté a la altura de la legislación vigente“.

Críticas de los jueces

Los jueces de toda la provincia también manifestaron su crítica por la decisión del Senado de la provincia de crear una comisión de legisladores de ese cuerpo para investigar la actividad de fiscales de la provincia. Los magistrados consideraron que esa definición permite interferencias e intromisiones de un Poder del Estado sobre los actos de otro. E instaron a que no se tomen decisiones que afecten la independencia del Poder Judicial. .

"El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe hace saber su preocupación frente a la decisión adoptada en el Senado de la Provincia con el objeto de crear una Comisión de Estudio, Investigación, Seguimiento y Evaluación del funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación", indicaron los jueces en un comunicado.

"Este Colegio, desde luego, reconoce la importancia del pleno ejercicio de las funciones que la Constitución provincial asigna al Poder Legislativo tratando de evitar que funcionen invalidando esferas de actuación del Poder Judicial en su cometido de investigar y juzgar delitos y aplicar la ley, y las normas constitucionales y supraconstitucionales", sostiene el texto rubricado por el presidente de la entidad, Gustavo Salvador, y su vicepresidente, Roberto Dallamonica.

"Los cometidos y las atribuciones que se asignan a la citada comisión generan, en su ejercicio, una superposición de competencias con otros órganos encargados de ejercer el control institucional sobre el desempeño de quienes integran otro de los Poderes del Estado, posibilitando eventuales interferencias o intromisiones en la tramitación y avance de investigaciones que le corresponden constitucionalmente, con el consiguiente riesgo que ello genera para el necesario equilibrio que demanda el sostenimiento de las Instituciones de nuestra democracia republicana", sostiene el comunicado de los jueces.

"Es por ello que se insta a que no se adopten decisiones que sean susceptibles de producir un menoscabo a la independencia del Poder Judicial, en tanto corresponde, en este caso, al Ministerio Público de la Acusación el ejercicio de la persecución penal en nombre del Estado, de manera objetiva, autónoma e independiente, con estricto apego a la ley como corresponde en un Estado de Derecho", concluye.

Fuente:La Capital