El ex vicepresidente Amado Boudou descargó ayer tácitamente en gestorías del automotor la responsabilidad por irregularidades en la transferencia de su coche cupé Honda CRX modelo Del Sol, año 1992. Y aseguró que, después de esa experiencia, "no usó más gestores".

"Ni yo ni mi entonces pareja, Agustina Seguín, insertamos o hicimos insertar datos falsos en ningún documento público", declaró en el comienzo del juicio oral en su contra por ese caso el ex vicepresidente, que agregó: "No teníamos motivos para hacerlo porque contábamos con toda la documentación".

Boudou aseguró que compró el coche en cuestión en 1993 en Mar del Plata y que "en 2001" le entregó "todos los papeles" al gestor Ricardo Gómez Coll "para que realizara la transferencia y la denuncia de cambio de motor", pero en 2002 murió y "hubo una continuidad del trámite (por parte del colega Andrés Alberto) Soto".

El Tribunal Oral Federal Nº 1 encabezó el comienzo del juicio a Boudou, quien aseguró a los jueces que percibe "unos 85 mil pesos por mes provenientes del alquiler de un departamento propio en Puerto Madero (por arriba de 50 mil pesos) y de servicios profesionales en empresas", a las que no identificó.

Once personas acudieron para acompañar a Boudou en el juicio, entre ellas el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, el cantante de rock Manuel Quieto, el otrora vocero del gobierno de María Estela Martínez de Perón Osvaldo Papaleo y Martín García, ex director de la agencia oficial de noticias Télam.

Boudou declaró como imputado y respondió preguntas insistiendo en todo momento que, junto a su ex pareja Seguín, son "ajenos" a los hechos y consideró que "así lo demuestran las pericias caligráficas". Y, al respecto, añadió: "No está nuestra letra en ninguno de los documentos apócrifos".

Sobre la diferente numeración de motor que constaba en el certificado 08 original y el de la transferencia a su nombre, explicó que "en 1994 se fundió el motor" y tuvo que "cambiarlo por otro".

La denuncia fue radicada por la titular del Registro de la Propiedad Automotor Nº 2, María Taboada de Piñero, quien en el juicio también ocupa el banquillo de los acusados junto a los gestores Soto y Rodolfo Basimani.

El juez federal Claudio Bonadio procesó a Liliana Mazure y a María Lucrecia Cardoso, quienes se desempeñaron como titulares del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) durante el anterior gobierno, en una causa por designaciones irregulares en el organismo. Paralelamente, el magistrado les dictó embargos por 370 mil pesos (a Mazure) y 400 mil pesos (a Cardoso).

FUENTE: LA CAPITAL