Una vez más, nuestra permanente crisis ha llevado al Estado -que es quien las provoca, administrando mal un país rico- a incrementar los derechos de exportación, mal llamados “retenciones”.

Así, el decreto 793/2018, estableció un derecho del 12 % a toda mercancía que se exporte. El cual, en el caso de las que ya estaban gravadas, se añade al que venían pagando. Las nuevas alícuotas tienen un tope: no pueden exceder de $ 3 o de $ 4, por “cada dólar estadounidense del valor imponible” de la mercancía.

De modo tal que, al día de hoy, si la cotización del dólar fuera de $ 40, la alícuota de nuevo derecho sería del 7,5 % ó del 10 %. Porcentajes que, lógicamente, cambiarían de modificarse la cotización del dólar. Si éste subiera, la alícuota decrecería. Si bajara, cosa no esperable con la nueva política monetaria, se haría más gravosa. Como abogado con experiencia aduanera, podría sumar críticas a este mal decreto. Pero no es el caso, en esta columna.

Sí, interesa -antes de un jugoso buceo en nuestra historia constitucional- alguna acotación de actualidad: con tanto empresario en el gobierno, podría uno pensar que éste sabría sortear las chapucerías financieras y jurídicas. No es así; aumentar los derechos de exportación, está entre las primeras. Y hacerlo por decreto, entre las segundas.

¿Acaso ignora el Ejecutivo, que la Corte Suprema tiene resuelto que los derechos de aduana deben ser impuestos por ley y que es inconstitucional fijarlos por decreto? (fallo “Camaronera”, del 15-4-2014).

No debería sorprenderse el gobierno si una andanada de juicios termina complicando el programa con el que pretende enfrentar la previsible “emergencia” (no hubo economista razonable que no la vaticinara).

Puede llegar a comprenderse que, ante un choque inminente, el conductor dé un desesperado golpe de volante. En otras palabras: que se recurra una vez más a las “retenciones”. Por supuesto, que por ésta y última vez, puesto que el decreto promete que las que impone han de expirar el último día de 2020 (claro que muchas veces hemos visto cómo se han perpetuado los impuestos “de emergencia”).

Bien; la idea de hoy, es recordar algo casi olvidado. Que si se hubiera mantenido la redacción de nuestra Constitución de 1853 -con su reforma de 1860- los derechos de exportación habrían desaparecido hace algo más de un siglo y medio, en 1866 (otro gallo hubiera cantado).

¿Cómo es, entonces, que aún permanecen en ella? Por otra crisis, que -aún siendo seria- no dejaba de ser coyuntural. En 1865, nuestro país entró en guerra con Paraguay. Y el Congreso advirtió que no podría afrontar sus costos, pues los ingresos del Tesoro disminuirían en un treinta por ciento, al cesar -al año siguiente- los provenientes de los derechos de exportación.

Con ese fin, convocó a una nueva Convención Constituyente, proponiéndole que suprimiera el cese de tales derechos en 1866. La misma se reunió en Santa Fe en septiembre de ese año. La misma, en tres días de sesiones -de las que no quedan actas- eliminó ese tope temporal, sin fijar otro. Así, ciento cincuenta y dos años después, seguimos con derechos de exportación.

Hoy, el despropósito resulta evidente. Razón de más para rescatar las opiniones de quienes -con lucidez- lo advirtieron a tiempo, sin ahogarse en la maraña de lo momentáneo.

Al debatirse en el Senado la necesidad de dicha reforma, Uladislao Frías se opuso a ella. Dijo que no era “... indispensable para la marcha del país que el gobierno pueda disponer del producto de esos derechos”. Y propició en cambio, adoptar “... una severa y rigurosa economía en los gastos, adoptando una política prudente, más racional y conveniente que la que hemos observado hasta aquí”. Palabras que, hoy, conservan toda actualidad. Bueno sería que se les prestara atención y se actuara en consecuencia.

Al estudiarse la cuestión en Diputados, Marcelino Ugarte radiografió el futuro. Hizo saber, en primer lugar, que: “Los derechos de exportación son un mal sistema de impuesto. La ciencia ha condenado los errores de lo que se llama sistema protector. Pero no ha imaginado lo que puede llamarse sistema destructor... El sistema que tiende a alejar de los mercados extranjeros los productos propios, gravándolos con un impuesto a su salida ¿qué otro nombre merece que el de un sistema destructor? Sistema destructor de los productos propios, destructor de la industria nacional”.

Pues ese sistema destructor, prácticamente desaparecido en el panorama internacional, sigue vigente entre nosotros. Y se lo hace aún más gravoso, cuando una crisis nos sacude. Cosa que sucede cada vez más frecuentemente. Como siempre, en lugar de depurar el obeso e inútil aparato estatal, el gobierno ha recurrido a la solución fácil; ha seguido haciendo la “diaria”, total, mañana Dios dirá.

Claro que, “...en política, vivir al día, es casi inevitablemente, morir al atardecer, como las moscas efímeras” (Ortega y Gasset, “Europa y la idea de Nación”). La opción es clara y dura. Y no deja ningún margen. No se puede seguir viviendo, irresponsablemente, “al día”.