Hace siete años que Analía Colombo es defensora provincial de Niñas, Niños y Adolescentes, un cargo que tienen sólo otras cuatro provincias del país: La Pampa, Córdoba, Misiones y Santiago del Estero. Por estos días, las cinco aunaron opiniones contrarias al anteproyecto de ley que establece la baja en la edad de imputabilidad (de 16 a 15 años) y a favor de que se designe a la mayor brevedad la figura de defensor o defensora a nivel nacional.

Sobre todos estos temas dialogó Colombo con este diario, pero también sobre el panorama en materia de infancias y adolescencias a nivel provincial y nacional. Sobre este último advirtió que “vemos en el pasado año o año y medio, y viene muy de la mano con políticas nacionales, el retiro de políticas sociales, el retiro de presupuestos de Nación a provincias que impactó altamente en la niñez que tanto a nivel provincial como nacional es un tercio de la población. Y la escala que le dan los gobiernos no es del tercio”.

La opinión es compartida con los demás defensores, con quienes se reunirá en esta ciudad los días 20 y 21 de marzo próximos.

—¿A qué instancia se llegó en la elección del defensor o defensora de Niñez y Adolescencia a nivel nacional?

—Se hizo un proceso de selección sumamente transparente. Falta la decisión política, que para la Bicameral es la más difícil.

—Se presentaron muchos postulantes.

—Más de 80, de los cuales al examen se presentaron unos 60. De esa cifra quedó un número menor, que pasó por un segundo proceso de entrevistas del que también participamos y una tercera instancia fue la presentación de un plan de trabajo donde se presentaron 15 postulantes. Participaron miembros de la Bicameral, veedores, Unicef, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Ongs, defensores de niños y en diciembre ya iba a estar listo el pliego, pero en ese punto el proceso de detuvo. Instamos a que sea nombrado porque lo necesitamos.

—¿Por qué lo necesitan?

—Lo necesitamos porque es un país federal, donde la figura de un defensor nacional colaboraría en un montón de cuestiones provinciales, pero básicamente porque no tenemos competencia sobre cuestiones nacionales que sí la tendría esta figura. Por ejemplo en materia de asignaciones universales y otras políticas que son de competencia nacional.

—Están muy preocupados y preocupadas por la situación de la niñez y la adolescencia a nivel nacional.

—Claramente. No hay un desconocimiento; hay un retiro político respecto a la infancia y la juventud. Un retiro en la mirada de políticas sociales que repercute directamente en las políticas de infancia y juventudes.

— ¿En qué observan ese retiro?

—Lo vemos en todo: en el presupuesto, en los recursos humanos, en los planes, en educación. En educación sexual, uno de los problemas que tenemos en políticas de infancia nacional y provincial es el aumento de índice de embarazo adolescente. Una niña de entre 12 y 14 años, en líneas generales, no elige ser mamá. El Estado tiene que estar presente para poner dinero en educación, cultura, acompañar en salud, no en decir que la niña tiene derecho a ser madre y que después un político diga que ese bebé es para darlo en adopción a una familia bien calificada.

—El gobierno nacional admite que las cifras de embarazo adolescente preocupan y que es un tema que hay que abordar.

—Admite, da notas, conoce, porque son números que no se pueden desconocer. El Observatorio de la UCA habla de números y en 2018 sostuvo que el 48 % de los niños, niñas y adolescentes son pobres y que el 33,8 % va a comedores escolares. Entonces, la estadística, el número duro dice algo sobre una política que se tiene que aplicar. Pero no parece ser una prioridad del gobierno nacional; sí lo son la infraestructura o las relaciones internacionales. Pero la niñez y la juventud no lo son y representan un tercio de la población. Y no lo decimos nosotros desde un lugar “provinciano”; lo dicen los números del Indec, de la UCA y los organismos internacionales: Luis Pedernera, que es el único experto independiente de América Latina y estuvo en Santa Fe, dijo como recomendación del Comité de los Derechos el Niño para la Argentina que las niñas, niños y adolescentes no son la variable de ajuste económico.

Justicia juvenil

—El anteproyecto de ley de baja de edad de imputabilidad vino a coronar este panorama.

—Vino a coronar en forma nefasta un panorama preocupante. Es cierto que la Argentina, como Estado nacional, debe hacer una revisión de la normativa de Justicia Juvenil. Todos acordamos en eso, hoy tenemos un decreto de la época de la dictadura cívico militar que es nefasto y, sin embargo, respetuoso del estatus internacional de los 16 años. Fijáte qué contradictorio. Todos fuimos convocados el 12 de enero de 2017 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a una mesa de diálogo, donde éramos más de cien personas, encabezados por el ministro (Germán) Garavano, la ministra (Patricia) Bullrich y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para discutir si era necesaria o no una reforma. Celebramos en aquel momento que el gobierno haya recordado que la Justicia Penal Juvenil tiene una deuda. Participamos de las mesas y se dividieron los temas porque esta ley tiene que ser reformada y tiene que haber una Justicia especializada.

—Son más de 100 artículos en el anteproyecto. Es una ley larga.

—Larga y necesaria. Pero que el eje esté puesto en la baja de la edad de imputabilidad no nos parece bien. Cuando fuimos a la reunión, advertimos que todo giraba en torno a ese punto y el “adorno” era la especialidad, las sanciones, la participación de la víctima que es otro de los temas conflictivos y delicados, mediación y justicia restaurativa. Nos llamó la atención el gran apuro que había para que el Código saliera en marzo de 2017. Entonces dijimos que después de tantos años no necesitábamos que en dos días se resuelva su modificación. Y ahí las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales empezamos a plantear algunos temas porque veíamos que todo estaba direccionado para sacar la reforma en torno a la baja. Luego, creo que por la presión social y gubernamental, quedó en suspenso. Para los primeros días de febrero recibí una invitación porque el 19 se presentaba el anteproyecto. Fue una invitación sin el texto del proyecto, y cuando bajamos el documento encontramos grande el artículo de la baja en la edad. Entonces acordamos con los demás defensores provinciales una nota en respuesta donde decimos que no íbamos a ir porque sentíamos que se habían violado los acuerdos. Ése fue el tono de la nota y sé que llamaron a otro defensor o defensora porque les había sorprendido el tono. Y a mí me sorprendió la invitación.

—En esto estuvieron los cinco de acuerdo.

—No fuimos los cinco defensores a la presentación ni participó Unicef Argentina porque en las mesas de discusión fueron los primeros en dar su opinión y lo hicieron público en las redes sociales. El siguiente paso fue elevar una nota a Emilio Monzó (Diputados) y a Gabriela Michetti (Senado) pidiendo participar en el debate legislativo. Cuando se abra el debate iremos, si no nos invitan, pediremos entrar igual. Y vamos a recurrir hasta donde sea necesario para que el principio de no regresividad se cumpla porque es constitucional. Si no, hay que modificar la Constitución.

—¿Cuáles son los temas en que tienen que poner más atención en materia de niñez y adolescencia en la provincia?

—La provincia es vanguardista en políticas públicas de infancia. Lo digo porque pertenecemos a redes nacionales y latinoamericanas de Niñez. Pero vemos que está más detenido el tema de protección. Con motivo de un montón de factores, hay que poner más el ojo, el foco y el dinero en protección, que involucra a un porcentaje muy pequeño de la infancia y la juventud de Santa Fe pero que es altamente vulnerable. Entendemos que para esa franja de niños y niñas vulnerados en su centro familiar o alojados por la toma de medidas especiales, que aumentaron y lo dicen las mismas autoridades de Niñez, el ojo del Estado debe estar en ese seguimiento, en las modalidades de acogimiento alternativo. Hay una tendencia a abrir más centros residenciales y nosotros entendemos que tiene que haber más acogimiento familiar y que al programa de Familias Solidarias hay que darle una vuelta. Y hay que tratar de agilizar con el Poder Judicial porque también forma parte del sistema.