“Protocolo para la detección y prevención de delitos económicos”

27 de agosto de 2019

La medida tiene por objetivo articular un procedimiento para investigar posibles delitos económicos mediante alertas sospechosas.

La provincia creó un “Protocolo para la detección y prevención de delitos económicos” que funcionará dentro del ámbito del Ministerio de Seguridad con el objetivo de detectar inconsistencias patrimoniales sospechosas y la circulación de activos ilícitos.

El mismo establece que luego de detectar el presunto delito, se origina una “alerta sospechosa” que le permite a Dirección de Investigación Patrimonial del Ministerio de Seguridad comenzar una investigación para determinar si efectivamente se trata de un delito económico.

Los organismos que están sujetos a la emisión de las “alertas sospechosas” son la Administración Provincial de Impuestos (API), el Servicio de Catastro e información Territorial, el Registro General de la Propiedad, la Inspección General de Personas Jurídicas y la Secretaría de Análisis y Articulación de Procesos.

Además, se establecieron ocho pautas generales ante las cuales están obligados a emitir el alerta, entre las que se pueden destacar la detección “de cualquier hecho económico que no guarde relación con las actividades declaradas y realizadas por personas humanas y jurídicas” o “movimientos de sumas de dinero en efectivo superiores a 450 Salarios Mínimos Vitales y Móviles”.

Una vez que la repartición analiza el alerta recibido, tiene dos caminos: determinar la existencia de elementos suficientes para que, con el Alerta Sospechosa, se eleve una denuncia al Ministerio Público de la Acusación o el Ministerio Público Fiscal, según corresponda el tipo de delito detectado, siendo el Ministerio de Seguridad el encargo de presentar la denuncia; o desestimar el reporte debido a que no existieren elementos suficientes para elevar denuncia alguna.

Del mismo modo, en el decreto firmado por el gobernador Miguel Lifschitz y por el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, se invita a municipios y comunas a celebrar un convenio de adhesión para incorporarse al procedimiento.

Fuente: Agenciafe