El fiscal general, Jorge Baclini, decidió este lunes suspender provisoriamente la vigencia de la resolución 23/19 que estipulaba el nombramiento de 195 agentes para el Organismo de Investigaciones (OI). Las designaciones debían ser avaladas por la Corte y por un decreto del Poder Ejecutivo. Pero una denuncia pública del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial puso en alerta al sector y obligó al titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA) a volver a foja cero.

El gremio había advertido que buena parte de los nombrados eran familiares de funcionarios provinciales, o hasta candidatos del oficialismo. Asimismo, habían alertado que no fue respetada la instancia del concurso, lo cual atenta contra la carrera del personal de planta del Poder Judicial.

Suspendida

Como consecuencia de la trascendencia pública que alcanzó el tema, Baclini recibió este lunes por la mañana a los representantes sindicales. Al término de la reunión y en diálogo con la prensa, Jorge Perlo, secretario general del gremio, anunció la decisión.

“El Dr. Baclini se comprometió a volver atrás la resolución. Nosotros, de todos modos, nos vamos a llevar la copia del expediente y vamos a seguir estudiando el tema. Se va a generar una instancia de diálogo para lograr los consensos necesarios a fin de determinar cómo ingresa este personal”, dijo Perlo ante la consulta de El Litoral. El dirigente valoró que Baclini haya “entendido” la posición del sindicato.

Respecto de si hubo arbitrariedad o desprolijidad en el procedimiento, consideró que se sintieron traicionados “en la confianza”, porque “vinimos el año pasado a ponernos a disposición del MPA y nos encontramos intempestivamente, ahora, con esta resolución. Baclini entendió eso”, resaltó.

De todos modos, insistió en que se trató de una resolución “que no está de acuerdo a derecho”, y aseguró que “ello nos obligó a actuar, en defensa de la carrera judicial”.

Consultado por este diario respecto de cuál fue la explicación para justificar la aparición de tantos familiares o allegados a funcionarios políticos, Juan Pablo Langella evitó dar precisiones y opinar. “Nos estamos llevando las copias para conocer a las personas y su preparación. No me gustaría, por eso, adelantar nombres ni capacidades. Lo que sí el Dr. Blaclini se dio cuenta de que en una mesa de diálogo el sindicato puede colaborar muchísimo para la creación de este organismo técnico, defendiendo siempre la carrera judicial. La postura de Baclini -resaltó- fue la más equilibrada. Marchas y contramarchas son parte de los procesos judiciales. Es un hecho positivo”, concluyó.

Explicaciones

Durante el fin de semana, tanto desde el MPA como desde el Poder Ejecutivo se emitieron documentos de prensa para sentar posturas sobre el tema. El primero precisaba, por ejemplo, que del total de personas inscriptas para el traspaso, aproximadamente el 85% ingresaría con la categoría más baja.

Desde el gobierno provincial, en tanto, se advertía que dicho traspaso “aún se encuentra pendiente de aprobación. Se trata de un expediente en trámite, que todavía no ha sido resuelto por el Poder Ejecutivo, donde previo a hacer el decreto correspondiente, se examinará exhaustivamente las propuestas para asegurar que todas las designaciones se ajusten a las normas y procedimientos establecidos y no tengan ninguna incompatibilidad ni funcional ni ética”.