El presidente Mauricio Macri firmó el Decreto Nº 67/19, mediante el cual declara el “Estado de Emergencia Hídrica”, por 180 días, “en aquellos sectores del territorio abarcado por las regiones del Noroeste Argentino (NOA) y el Litoral de la República Argentina que determine el Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil”.

La medida instruye al Ministerio de Producción y Trabajo para que, en el marco de sus respectivas competencias y de lo dispuesto en el artículo 1º del presente decreto, “adopte las medidas necesarias con el objeto de preservar la continuidad de la actividad productiva y la conservación de los puestos de trabajo de los sectores afectados”.

Lo mismo con la Secretaría de Agroindustria “implementar lo dispuesto en la Ley Nº 26.509 y sus modificaciones para situaciones de emergencia y desastres agropecuarios”.

Fondos e impuestos

El decreto establece que el Banco de la Nación Argentina adopte medidas “a los fines de preservar la continuidad de la actividad productiva y la conservación de los puestos de trabajo de los sectores afectados”, al igual que la Administración Federal de Impuestos, “para aquellos contribuyentes cuyo establecimiento productivo se encuentre afectado por la emergencia, siendo ésta su principal actividad”.

También dispone que “toda autoridad, organismo o funcionario legalmente autorizado para ejecutar obra pública” pondere “la urgencia comprometida en la ejecución de los proyectos y las obras de infraestructura necesarios para prevenir y/o mitigar inundaciones y eventos climáticos extremos en las zonas declaradas en situación de emergencia hídrica”.

La Nación invita a “las provincias afectadas” (que no están nombradas en los artículos del decreto) a que adopten medidas similares a las previstas en el presente, “en especial aquellas tendientes a disponer un régimen tarifario especial provisorio para los servicios de energía eléctrica, agua potable y transporte urbano para el sector productivo de las zonas afectadas mientras dure el período de emergencia”.

Comisión

Para el jueves 24 por la mañana, está previsto que se reúna -en la Secretaría de Gobierno de Agroindustria- la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, donde se van a homologar los decretos provinciales que declaran la emergencia en Santa Fe, Chaco y Corrientes. También habrá una evaluación técnica de lo que sucede en Santiago del Estero.

En Chaco, el gobierno provincial declaró la emergencia y/o desastre agropecuario en la totalidad de la provincia, desde el 15 de enero y por 180 días. El Decreto provincial alcanza a las siguientes actividades: agricultura, ganadería, sector forestal, apícola, turismo rural, entre otras.

En Corrientes, en las próximas horas, el gobierno declarará la emergencia y/o desastre agropecuario por el término de 6 meses y comprenderá a todos los departamentos de las zonas bajas, de lagunas, esteros, bañados y en las zonas de los ríos interiores, arroyos y riachos, y del río Uruguay.

Como se sabe, la semana pasada, el gobierno de Santa Fe declaró “zona de desastre agropecuario” a todas las explotaciones agropecuarias afectadas por la inundación en los departamentos de Vera, 9 de Julio y General Obligado, desde el 1º de enero al 31 de agosto de 2019.

El decreto también incluye los distritos de Romang y Colonia Durán, ubicados en el departamento de San Javier.

Y además se declaró la emergencia hídrica por 120 días.