Miguel Lifschitz, gobernador de la provincia, y Maximiliano Pullaro, ministro de Seguridad, presentaron este miércoles un plan provincial para fomentar el desarme. La iniciativa se encuadra en medio de un año complicado en materia de seguridad desde enero mismo. Las muertes entre miembros de presuntos grupos delictivos al principio y los ataques a personas relacionadas con el Poder Judicial luego son motivo de preocupación de los estratos más altos del gobierno de nuestro distrito. “La complejidad y la realidad de la situación que estamos viviendo amerita poder tener medidas innovadoras”, afirmó Pullaro a la prensa.

Miguel Lifschitz y Maximiliano Pullaro

El ministro puntualizó a la prensa que a través de fiscalizaciones sacaron de lugares informales casi 3.200 armas “que pertenecen al viejo sistema penal de la Provincia de Santa Fe. Estamos esperando que la Corte Suprema de Justicia las pueda destruir”. También aseguró que destruyeron armas de la Policía santafesina en desuso o incorrectas para su funcionamiento. “En 2017 destruimos 2.900 armas y en 2018 destruimos 1.600”, aseguró el hombre de la cartera de Seguridad.

Otro de los objetivos de este programa es, según dijo Pullaro, “poder combatir los circuitos ilegales. Para esto vamos a trabajar con un protocolo en donde cada persona que sepa en dónde existe armas de fuego ilegales pueda llevar adelante una denuncia”. Esta información llegará al Ministerio Público de la Acusación para que se realice una investigación. “Si posteriormente en diferentes allanamientos se encuentran armas de fuego, el Estado de Santa Fe va a pagarle sumas que van entre los 10.000 y los 250.000 pesos en función de la cantidad de armas y municiones que puedan ser encontradas”, dijo Pullaro. “Somos la primera provincia de la República Argentina que tiene las pericias balísticas de todas las armas cortas que tiene la Policía provincial. Pero esto no alcanza. Tenemos que seguir creciendo con políticas públicas innovadoras que puedan quedar para las próximas gestiones”, agregó.

El gobernador, por su parte, subrayó: “Hay dos problemáticas vinculadas a la violencia y al delito en estos tiempos que tenemos que abordar si queremos bajar niveles de violencia. Una es claramente el narcotráfico. Particularmente el narcomenudeo, o la distribución de drogas en los barrios que termina generando recursos económicos que se vuelcan en economías informales y que alimentan los circuitos de violencia”. “Queremos ampliar nuestra capacidad de acción sobre el circuito ilegal de armas de fuego que está alimentando los procesos violentos”, expresó Lifschitz.

Armerías, cotos de caza y clubes de tiro

El primer mandatario provincial también anunció otra medida sobre este tema: “Vamos a asumir una tarea que no venía cumpliendo la Provincia porque no es propia de la Provincia, pero tampoco cumple la Nación que es el control de las armerías, de los clubes de tiro, de los cotos de caza. De todos aquellos lugares donde se manejan armas de fuego y municiones. Que es el otro aspecto que hay que considerar. De dónde aparecen las municiones y cómo llegan a los hechos de violencia”.

El ingeniero Lifschitz también afirmó que van a requerir información sobre todas las personas que en la provincia tienen autorización legal para poseer armas. “De tal forma que podamos verificar la existencia de esas armas y las condiciones en las cuales están resguardadas”, dijo el gobernador.

El ministro Pullaro también dio números sobre el tema: “En la provincia, tenemos 100.000 personas con tenencia de armas de fuego. Y 150.000 armas de fuego registradas en el registro nacional. Se dice también de que por cada arma registrada, hay dos armas ilegales. Con lo cual podemos estar hablando de alrededor de 400.000 armas que tenemos en la provincia”.