La Argentina quiere subirse al desarrollo de energías renovables que el mundo ya adoptó hace varios años. Países vecinos como Uruguay nos llevan varios años de ventaja. Dentro del contexto de los países desarrollados, en materia de renovables, somos un bebé que da sus primeros pasos. Durante los años del gobierno anterior, la única política exitosa en el sector fue la de biodiésel y bioetanol. Estas industrias tuvieron un rol protagónico en el desarrollo de algunas regiones y localidades del interior. Hoy la Argentina está entre los países con mayor corte de biocombustibles del mundo. No ocurrió lo mismo con la bioelectricidad. Durante el kirchnerismo, este negocio quedó opacado por el delivery diésel, centrales de grupos electrógenos que funcionaban con gasoil importado. Una barbaridad que drenaba divisas y contaminaba, mientras que las bajas tarifas pagadas a los productores de electricidad renovable y la ausencia de un marco regulatorio propicio impedían el desarrollo de la industria. Aprendiendo de los errores del pasado convendría no repetir los desincentivos. El gobierno de Cambiemos arrancó con otro ímpetu, empujó muy fuerte las renovables, sacó el RenovAr 1 y 1.5. Hubo sobreoferta de megavatios eólicos y solares. Inversores de todas las latitudes se acercaron y compraron los pliegos. El resultado, ofertas que superaron más de 6 veces la cantidad licitada. Los pliegos, impecables. Competencia y transparencia. De primer mundo. El lado oscuro de la licitación: lo que ocurrió con biomasa y biogás. Quedaron semidesiertas. En un país con la raigambre agropecuaria de la Argentina, donde el campo es un motor de la economía por su alta eficiencia, donde sobran más de 20 millones de toneladas de maíz que se exportan sin ningún valor agregado en origen, no se ha tenido en cuenta la posibilidad de transformar ese maíz en electrones como se hace en los países más avanzados del planeta. Se viene el RenovAr2. Una nueva oportunidad de inversión, como reclama el presidente Mauricio Macri, al sector agropecuario. La llave la tiene el Ministerio de Energía, que es quien define la tarifa máxima de cada tecnología. Es cierto hay una presión social y política. Los consumidores no quieren pagar más y el gobierno quiere generación barata. La paradoja del biogás con maíz y estiércol es que provincias como Córdoba, Santa Fe y otras economías regionales que tienen tarifas domiciliarias cinco veces más caras que las de la Capital Federal se vean privadas de una tecnología de generación que traerá desarrollo de todo tipo a sus localidades. Alemania destina el 40% de su cosecha de maíz a silaje para biogás. Hay más de 8000 plantas que generan entre 0,3 y 2 megavatios hora. El autor es gerente general de Bioeléctrica