Ya lo dijo públicamente Miguel Lifschitz: la principal razón que lo motivaría a ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la provincia es la posibilidad de promover una reforma de la Constitución de Santa Fe. El proyecto quedó trunco el año pasado después de que el oficialismo no lograra reunir los votos suficientes en ese mismo cuerpo legislativo. Y para superar el trago amargo de ese hecho de gobierno no consumado, el actual mandatario anunció en diciembre que convocaría a una consulta popular no vinculante para que los santafesinos se expresaran a favor o en contra del proceso. Firmó días después el decreto de convocatoria, y formalizó así la “invitación” para que los electores, si lo desean, opinen de manera simultánea a las elecciones generales que se realizarán el 16 de junio.

En términos generales, la decisión no había generado demasiada resistencia en el arco político provincial. Pero esta semana, sorprendió una convocatoria a los apoderados de todas las fuerzas políticas con personería jurídica vigente en la provincia. La formuló la titular de la Corte Suprema de Justicia, María Angélica Gastaldi, en su carácter de presidenta del Tribunal Electoral. La magistrada convocó a los apoderados “con el objetivo -dice el escueto texto de la invitación- de imponerlos y considerar distintos aspectos de la realización de la consulta popular no vinculante sobre la necesidad de reformar la Constitución Provincial en forma conjunta y simultánea con las elecciones generales”. Durante el encuentro, y según pudo saber El Litoral, Gastaldi pidió conocer la opinión de los apoderados sobre la decisión política de la consulta; se abordaron aspectos operativos que fueron desde cuántas urnas se utilizarían hasta cómo se registrarían los electores que decidan participar. Pero también se plantearon cuestiones vinculadas con la legalidad del hecho. Es que dicho instituto no está reglado en el ámbito de la provincia, y ello parece haber despertado algunas dudas; más que en los partidos, en la propia presidenta del Tribunal. Entonces, surgieron ciertos interrogantes. ¿Es correcto que la convocatoria para plasmar la decisión política de la consulta se realice por decreto? ¿O corresponde establecerlo por ley?

Los apoderados quedaron en estado deliberativo; hacia fines de semana, por ejemplo, el tema fue discutido en una reunión de la mesa chica del Partido Justicialista. Y allí se decidió conversar con el resto de las fuerzas políticas si no es necesario exigir que la consulta se establezca por una ley de la provincia.

En rigor, hasta aquí -excepto algunas opiniones individuales como la del constitucionalista Diego Giuliano, quien consideró que la consulta era “confusa, atípica y arriesgada”-, la decisión parecía no haber generado demasiadas controversias, incluso en el ámbito de la oposición. Es más, el gobernador había destacado que ésta había sido una idea sugerida en su momento por el sector de Omar Perotti. Pero ahora, el tema quedó bajo análisis. Por un lado, de los propios partidos políticos; por el otro, y esencialmente, del Tribunal Electoral.