El Indec registró durante julio un aumento en las canastas de pobreza y de indigencia que siguieron acompañando la tendencia inflacionaria general.

El aumento de 3,5% en la Canasta Básica Alimentaria y la suba de 2,7% en la Canasta Básica Total, que agrega el efecto de los precios de los servicios públicos y privados esenciales, se ubicó en un punto intermedio de la inflación del mes.

El organismo oficial de estadística, estimó que una familia tipo integrada por dos adultos y dos niños requirió un ingreso de $20.134 para no ser considerada en situación de pobreza, mientras que el ingreso mínimo para que no caiga en estado de indigencia fue de 8.118 pesos.

En el primer caso, el nuevo ingreso mínimo es un 34% superior al de julio de 2017, mientras que la barrera de la indigencia reflejó un aumento del 32,4%, en ambos casos subió más que la inflación.

En comparación con el nivel del Salario Mínimo Vital y Móvil que para julio se elevó a $10.500, para un trabajador, el nuevo umbral de pobreza no logra cubrirse con el ingreso mínimo garantizado que podrían obtener los dos adultos del hogar. 

A principios de agosto se resolvió en el Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil un aumento en cuotas de hasta 25%, con un ingreso de $10.700 en septiembre y $11.300 en diciembre de este año, una evolución del 27,5%, bien por debajo de la expectativa inflacionaria del 32% para fin de año.

El organismo estadístico de la Ciudad dio a conocer las líneas de pobreza e indigencia, con una evolución similar: para no caer en estado de pobreza se requería un ingreso de $20.216,01, un 2,45% más que en junio. Al mismo tiempo la línea de indigencia se elevó a 9.895 pesos.

Los datos tanto nacionales como porteños volvieron a mostrar como la aceleración de la inflación afecta más a los sectores de menores ingresos, por el peso del gasto en alimentos en sus presupuestos.

Indicadores de condiciones de vida

El Indec actualizó la serie semestral de "Indicadores de condiciones de vida de los hogares" al cierre del segundo semestre de 2017, sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares, y observó que sobre  un universo de poco más de 27 millones de personas que residen en 31 aglomerados urbanos, 2,5 millones habitaban en viviendas con serias deficiencias edilicias, según la calidad de los materiales, y 4,3 millones en condiciones "parcialmente insuficientes".

Además, dio cuenta que poco más de 1,4 millones de personas registraban condición de "hacinamiento", con más de tres por cuarto.

Los indicadores resultaron notablemente más críticos en el caso de las familias que no tiene acceso al agua corriente: 3,2 millones de personas; a la red de gas natural: 9,3 millones; y al sistema de cloacas: 9,5 millones.