El gobierno está dispuesto a dar una señal de lucha contra la corrupción hacia el frente externo al mismo tiempo que hacia la política interna: impulsará en lo inmediato 7 medidas concretas de transparencia para corregir errores en el Estado y también marcar directrices en el sector privado para evitar que se reiteren casos de corrupción como los que ventilaron los cuadernos de las coimas del kirchnerismo.

Más allá de que estas medidas estan previstas dentro del plan de Mauricio Macridestinado a incorporar a la Argentina en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que agrupa a 36 países más desarrollados del mundo, lo cierto es que el caso de los cuadernos aceleró los pasos para avanzar en medidas anticorrupción en la Argentina.

Hay un dato llamativo que presentó ayer el Subsecretario Representante ante la OCDE, del Ministerio de Hacienda, Marcelo Scaglione: el impacto de la corrupción en el valor de las empresas de desde el 31 de julio, un día antes de que estallara el escándalo de los cuadernos de las coimas hasta el viernes pasado fue que 22 empresas que operan en el MERVAL perdieron casi 9.000 millones de dólares en capitalización bursátil. Eso representa una pérdida de casi el 20% en el término de 13 días hábiles.

"Esta pérdida demuestra que la transparencia y la lucha contra la corrupción es un buen negocio", dijo Scaglione a Infobae.

Ayer, este funcionario que prepara desde hace tres años el ingreso de la Argentina en la OCDE expuso junto con Fernando Sánchez, Secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete, un plan estratégico de 7 puntos para la lucha contra la corrupción.

En el marco del 3er Foro Compliance sobre Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción organizado por la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana tanto Scaglione como Sánchez presentaron las acciones concretas que prepara el gobierno de Mauricio Macri hacia adelante en materia de "transparencia, integridad, anticorrupción y lucha contra los cárteles de la obra pública".

"La corrupción equivale -en promedio- al 10% del costo de los negocios a escala mundial, según estudio de la OCDE sobre 15 años", remarcó Scaglione. A la vez, este funcionario comentó que los costos de la corrupción por cartelización en la obra pública en América Latina las compras públicas representan un 10-15% del PBI. Y los sobre-costos de corrupción pueden alcanzar hasta un 25% de los contratos, donde la cartelización juega un rol muy importante, sobre todo en la obra pública.

Para Scaglione,"el 80% de los sobornos transnacionales pagados en el mundo, en los últimos 15 años, fue realizado a funcionarios de empresas estatales por parte de empresas privadas".

Ante este oscuro panorama y con el escándalo de los cuadernos K como telón de fondo, el gobierno armó para adelante una agenda constituida por 7 políticas públicas que buscarán instrumentar en lo inmediato:

1-Lucha Anticorrupción. La intención del gobierno es impulsar un nuevo Código Procesal Penal para darle mayor celeridad a las investigaciones judiciales, establecer una cobertura plena de las vacantes de jueces y fiscales y por otra parte impulsar cuanto antes leyes de recuperación de activos de hechos de corrupción. El proyecto de extinción de dominio sería un caso concreto pero el gobierno prevé más mecanismos para recuperar los bienes y dinero que se llevó la corrupción. El caso más firme es el de Odebrecht que acordó con la justicia de Brasil un esquema de recuperación de activos que está previsto en un programa judicial específico. Esto le permitió al Estado brasileño recuperar más de 700 millones de dólares de Odebrecht.

2- El pilar de la integridad. Este punto contempla diversos mecanismos de prevención de hechos de corrupción para los tres poderes del Estado en lo que tiene que ver con procesos internos de control, transparencia en los procesos de compra y un proyecto de ley denominado de "integridad pública" que apunta a establecer medidas concretas de prevención de hechos delictivos tanto para el Poder Ejecutivo, el Congreso como en la Justicia.

3- Transparencia. Algunas medidas que ya encaró el gobierno están previstas en este punto como la ley de acceso a la información pública, las nuevas políticas para un "gobierno abierto" y el fortalecimiento de la Agencia de acceso a la información pública o la nueva ley de habeas data que se elevará al Congreso en lo inmediato. Esta propuesta prevé mecanismos más transparentes para almacenar información pública.

4- Lucha contra los cárteles y mejoras en las políticas de Competencia. En vistas al escándalo de los cuadernos K este es uno de los puntos que se convirtió en pilar del gobierno ya que prevé poner en marcha herramientas concretas para dar mayor transparencia a los procesos de licitación de la obra pública y establecer un mecanismo más estrictio de control del organo contralor de la ley de defensa de la competencia. La semana que viene llegará a la Argentina una misión revisora de la OCDE para evaluar el sistema de licitaciones públicas y precios en la obra pública.

5-Cooperación fiscal internacional. La intención del gobierno es profundizar los mecanismos de cooperación de la AFIP con otros organismos tributarios del resto del mundo a fin de compartir información sensible en materia de activos de personas físicas y jurídicas. En este sentido, se contempla también la instrumentación de una "Academia para luchar contra los delitos tributarios". Se trata de un centro de información que funcionará en la AFIP y que en red con otros organismos tributarios de América latina se dedicará a formar profesionales para luchar contra delitos tributarios complejos.

6-Carga regulatoria. Esta es una de las tareas que Macri le encomendó al secretario legal y Técnico Pablo Clusellas con la intención de generar mecanismos que agilicen la burocracia estatal y eviten los circuitos que generan corrupción en el Estado. "La simplificación de trámites y la menor cantidad de trabas burocráticos hacen que un Estado sea menos vulnerable a actos de corrupción", explicó Scaglione.

7- Gobernanza Corporativa en las empresas del sector público y en las empresas del sector privado. El vicejefe de Gabinete Gustavo Lopetegui es el encargado de llevar adelante este modelo destinado a reordenar los directorios de empresas públicas con participación en el sector privado. La idea es que se establezcan mecanismos más transparentes de control y seguimiento de los directorios de empresas donde haya representación del Estado.

"Con todas estas medidas buscamos no sólo el ingreso de la Argentina a la OCDE sino el desarrollo de políticas integrales que combinen la lucha contra la corrupción, la transparencia y la eficiencia en el Estado", comentó Scaglione al presentar lo que serán las estrategias rectoras del gobierno para los próximos meses.