Muchos productores bonaerenses no lo pueden creer. La misma gobernadora que ellos apoyaron y que ganó apelando al diálogo, les aumenta de golpe y porrazo un 50 por ciento el inmobiliario a los campos, muchos de los cuales todavía siguen bajo el agua, sin siquiera haber sido incluidos en la declaración de emergencia. En Buenos Aires, números son números, parece demostrar con amargura la realidad. A fin de mes, Carbap (la entidad que nuclea a las rurales bonaerenses) realizará en Trenque Lauquen su reunión de Consejo Directivo, y se analizarán las opciones a seguir. Los más virulentos no descartan salir a las rutas. En Córdoba, la suba promedio es de entre el 27 y el 42 por ciento, lo que derivó en un cruce de palabras entre la Comisión de Enlace local y el ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso. Por lo menos, el proyecto contempla una contrapartida: la reducción del Impuesto a los Sellos para algunos de los contratos que se utilizan en la actividad agropecuaria. En nuestra provincia, el Gobierno no se ha manifestado oficialmente. Pero ante el temor que esta tendencia también se plasme en Santa Fe, la Sociedad Rural de Rosario expresó su “preocupación” por la posible suba del impuesto inmobiliario rural. “Este hecho no hace más que erosionar la comprometida situación del sector”, dijeron en un parte publicado esta semana. “El precio del maíz y la soja tienen el mismo valor que hace un año atrás. Los costos internos de la producción han tenido incrementos por lo que los márgenes se han visto disminuidos”, detallaron. A nivel nacional, la gestión de Cambiemos desafía a gran parte del sector que los votó a reinventar la actividad gremial con la actual administración nacional, ahora en manos de muchos de sus ex compañeros de ruta que -devenidos en funcionarios- parecen seguir el mismo camino recaudatorio que los multiprocesados del gobierno anterior. Si insisten con esta metodología, los brotes verdes pronto marchitarán.