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POLITICA

16 de abril de 2019

“La inconstitucionalidad del derecho de registro sería una catástrofe”

Festram hizo notar que implicaría la pérdida de más del 40 % de la recaudación propia de municipios y comunas.

Desde mediados del año pasado la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales viene exigiendo un Acuerdo institucional en la Provincia de Santa Fe, que “repare el daño” producido por el Pacto Fiscal que firmaron el gobernador Miguel Lifschitz y el presidente Mauricio Macri, “con la aprobación del senador Omar Perotti, la reiterada ausencia de Carlos Reutemann de la Cámara Alta y lamentablemente avalado por la Legislatura Santafesina”.

Antes de su tratamiento, el gremio había advertido sobre “los nefastos perjuicios ocasionados a la provincia de Santa Fe con ese compromiso fiscal” y reclamó un acuerdo provincial para evitar “tan desproporcionado sometimiento de la autonomía provincial, de su propia economía y la de sus Municipios y Comunas”. El Consenso Fiscal facilitó la aplicación del ajuste exigido por el Fondo Monetario Internacional, afirman.

Para Festram, “el arrebato de la Nación a nuestra Provincia del Fondo Sojero (FGS) pasó sin pena ni gloria, en lo que consideramos una muestra del daño ocasionado, particularmente a Municipios y Comunas, haciéndole perder la ventaja comparativa de la mayor coparticipación obtenida en juicio (13 %) al Tesoro nacional. Ahora queda en evidencia que las grandes empresas están tras la eliminación del Derecho de Registro e Inspección, agregado en el punto 3, inciso P del Pacto Fiscal”.

El titular de Festram, Claudio Leoni, reclamó al gobernador Lifschitz “que atienda esta grave problemática” e instó a los intendentes de Santa Fe a imitar a sus pares bonaerenses, reclamando audiencias y acciones concretas ante la Corte Nacional. Y aseguró: “Las elecciones no pueden entorpecer las responsabilidades de gestión pública y es hora de actuar en defensa de los intereses de los santafesinos”.

La causa

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió convocar a una audiencia pública para resolver la demanda de la petrolera Axion contra el municipio de Quilmes por el cobro de la tasa de Seguridad e Higiene, una decisión que podría afectar las cuentas de todos los municipios. La convocatoria fue fijada para el 29 de mayo a las 10 de la mañana.

De la audiencia participarán los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. Por su parte, el juez Carlos Rosenkrantz se excusó de intervenir en la causa, por haber representado a la petrolera en el pasado a través de su estudio jurídico.

En la presentación judicial, Axion reclama por el cobro de la Tasa de Seguridad e Higiene a dos estaciones de servicio de su propiedad, entre 1996 y 2002, cuando funcionaba bajo el sello de Esso. Según sostiene, con esta imposición la comuna “se apropió de recursos originados fuera de sus límites”, y se superpuso con otros tributos provinciales, como el de Ingresos Brutos.

La demanda de Axion contra Quilmes fue rechazada por la Suprema Corte bonaerense, pero la multinacional recurrió al máximo tribunal del país, y obtuvo un primer triunfo con el dictamen del procurador general (que es no vinculante), quien le dio la razón a la empresa.

Esto despertó las alarmas de los jefes comunales, y en los últimos días más de treinta de ellos, de diversa pertenencia partidaria, firmaron un documento presentándose como amicus curiae en defensa de Quilmes, ya que razonan que un fallo negativo para el distrito que gobierna Martiniano Molina podría desencadenar una catarata de demandas similares, que terminarían por perjudicar gravemente las cuentas municipales.

Desde Festram estiman que de aplicarse el Pacto Fiscal o se declare inconstitucional el Derecho de Registro e Inspección, los Municipios y las Comunas sufrirán pérdidas por más de 6 mil millones de pesos anuales a valores corrientes de 2018. Para el gremio provincial sería la quiebra del financiamiento de los gobiernos locales.

 

El Litoral Santa Fe - ellitoral.com

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