El gobernador Miguel Lifschitz ocupa por fin la centralidad que Santa Fe merece en las negociaciones entre la Nación y las Provincias. Al titular del Poder Ejecutivo Provincial lo ha llevado más lejos este último “no” -su ausencia, incluso- que su natural predisposición al diálogo y a los acuerdos construidos con voluntad y paciencia.

El haber partido de una posición tajante, al decir “no quiero ser socio del ajuste” -en realidad, de la transferencia de recursos de las Provincias al Estado federal- ha recuperado un lugar en las lecturas políticas y la repercusión pública que hasta ahora Santa Fe no había tenido.

¿Cuántos fuera de la bota sabrán que los santafesinos somos acreedores de los argentinos en general? ¿Cuántos que la Corte anterior le permitió al kirchnerismo no pagar la coparticipación a Santa Fe como correspondía y que por eso se acumuló una cuenta cuyo saldo está pendiente? Lifschitz no estuvo en la foto de las tapas del martes 11, y eso sí ha sido una noticia en la Capital Federal. Los 50.000 millones de pesos (según los cálculos de fines de 2017) que el gobierno nacional se había comprometido a convenir como pagar -al firmar el Consenso Fiscal- rara vez merecen algún comentario.

Es verdad que el gobierno nacional sostiene conversaciones institucionales que años atrás eran impensadas, pero también es cierto que las lleva a cabo sobre la base de medidas que presenta como inexorables o como hechos consumados.

La Nación pide mostrar un frente político más sólido frente a una crisis económica que no logra explicar con sus argumentos meteorológicos (hay poca autocrítica) y le pide al Congreso lo que debe darle: una Ley de Presupuesto, una herramienta de gobierno.

¿Y la emergencia?

Argentina es un país especial, de una originalidad tantas veces lacerante. Puede pasarse décadas bajo la Ley de Emergencia Económica, aun en años de bonanza, pero cuando más la necesita no la tiene.

El 6 de enero de 2018 dejó de tener vigencia ese plexo normativo que daba más posibilidades de tomar decisiones veloces. No se renovó, después de 16 años, la ley que se hizo aprobar Eduardo Duhalde y que rigió durante los años K.

Los gobernadores provinciales -de provincias oficialistas, parcialmente afines u opositoras- saben que, si no se aprueba la ley de leyes, el gobierno de Mauricio Macri podrá reconducir en 2019 las partidas presupuestarias hoy vigentes.

Entre eso y la inflación se le devolvería -del modo menos serio desde el punto de vista institucional- unas libertades mayores al capitán del barco. La última vez que ocurrió fue en 2011, durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. En uno de sus últimos discursos como presidente, ya derrotada, prometió: “Nunca vamos a dejar un gobierno sin presupuesto”. Seguramente, sabía qué significa privar del control público las cuentas del Estado.

La Casa Rosada, los gobernadores y los legisladores nacionales saben que negocian un título: “Presupuesto con déficit 0”. Éso es lo comprometido con el Fondo Monetario Internacional y la idea es que haya ley.

¿Es tan inflexible el FMI? En una de las cuestiones más sensibles para Cambiemos, el gobierno nacional ha logrado conformarlo con unas retenciones pesificadas, perfectamente explicadas por Elisa Carrió: se licuarán en poco tiempo. En cualquier caso, el Fondo ya le impuso al gobierno un tema de agenda que la oposición le reclamaba. Sí, el FMI pudo más (que ambos).

Uno

Esta semana, el ministro de Gobierno Pablo Farías, que debió representar a Santa Fe en la pulseada con la Nación -porque el gobernador acudió a un encuentro en Estados Unidos sobre energías renovables- admitió que la incidencia de la Casa Gris en el Congreso “es baja”, pero subrayó que el gobernador ordenó “trabajar con todos los legisladores nacionales por Santa Fe más allá de nuestras diferencias partidarias”.

El oficialismo santafesino tiene la escasa representación parlamentaria nacional que las últimas elecciones -en las que resultó cuarto- le han conferido: un voto, el de Luis Contigiani.

Sin embargo, ahora cuenta con una proyección mayor. La que pueda construir para 2019 el gobernador Lifschitz, que ya no busca sostener su proyecto político provincial con la reforma y la reelección, sino con una fuerte intervención en la escena nacional.