El ofrecimiento de un plan de pagos en seis meses al sector comercial de las facturas de la EPE de los últimos bimestres; un aumento -menor al solicitado- autorizado a Assa y la demora en la distribución de las boletas del Impuesto Inmobiliario -tanto Urbano como Rural- parecen señalar que el gobierno provincial decidió atender de alguna manera el fuerte malestar social por los sucesivos aumentos de impuestos y servicios que viene sufriendo la ciudadanía desde comienzos de año. La responsabilidad no es absoluta del gobierno provincial e incluso en el caso en el caso de la energía es mayor la responsabilidad del ajuste nacional en los cuadros tarifarios. No obstante, el reclamo está instalado y la solución no parece cercana. La EPE ya comenzó a distribuir las facturas bimestrales con pagos mensuales. El plan comercial de verano presentado por Alicia Ciciliani y Verónica Geese a comerciantes santafesinos fue la reacción oficial a las asambleas de varias ciudades. Les propusieron al sector con facturas bimestrales de hasta 200.000 pesos hacer convenios de pago con un tasa de interés que significará la mitad de la pasiva a 30 días del Banco Nación. “Proponen aumentar el pasivo con deudas por servicios que aumentan más que la inflación”, se quejó un comerciante que aceptó la necesidad de seguir negociando. Directores de la EPE y funcionarios tienen cita la semana próxima con el Senado y no sería extraño que en Diputados haya reacción. Ya a fines de enero, el justicialista Leandro Busatto hizo punta con un proyecto para congelar tarifas que tuvo por objetivo alertar sobre lo que venía. La quita de subsidios a servicios impactó e impacta en bolsillos santafesinos. El gobierno nacional promete que se terminó con el último aumento del gas natural y que de ahora en más será sobre valores inflacionarios. El ajuste fue violento y desde la llegada de Cambiemos es casi al 3.000% en la categoría R3.1. En una década casi no se había tocado el valor del servicio y hubo que importar gas ante la falta de inversión en el sistema. En el caso de las facturas eléctricas que distribuye la EPE, la empresa atribuye los ajustes a los aumentos dispuestos en la generación y distribución, sin embargo hubo incrementos anteriores cuando no aumentaba el valor de esos rubros. Desde enero de 2008 a junio de 2017 las facturas de la luz aumentaron 1.060%. La justicialista Silvina Frana distribuyó cuadros donde la suba en los dos últimos años fue del 541%. En ese espacio, los precios aumentaron 78% y los salarios 67%. Las facturas de la EPE tienen varios ítems que sectores opositores y ONGs quieren entrar a discutir cómo, por ejemplo, los aportes previstos por dos leyes de la década del ‘70: para electrificación rural y para que la misma empresa aporte el 6% de la recaudado en cada distrito a la comuna o municipio; o el caso de usuarios de esta capital que pagan en su factura el alumbrado público (TAP) que estaría comprendido en el pago de la tasa municipal. La EPE además varió este año las bandas de cambios de tarifas sin demasiadas explicaciones públicas. Lo de Assa por ahora está abierto más allá del primer incremento anunciado del 18% y el compromiso de revisar el tema en mesas siguientes. En ambas empresas, está en discusión cuál debe ser el aporte del Estado o bien si deben actuar con lógica de empresa privada. En algún momento, la política santafesina deberá redefinir el rol en ambas prestadoras de servicios sin que eso signifique privatizarlas. A estos incrementos, se sumaron los autorizados en peajes de rutas provinciales, cabinas que recaudan para pagar sueldos mientras la inversión la debe hacer el Estado, como quedó patentizado en la no inversión en la autopista durante una década, ante la mirada cómplice del Estado y sus órganos de control. Es en ese marco que el Ministerio de Economía modificaría el calendario de vencimientos del Impuesto Inmobiliario, que en muchos casos llegará con aumentos importantes por el coeficiente de convergencia y que será otro fuerte sacudón a los bolsillos santafesinos. FUENTE: EL LITORAL