Desde las 10 y hasta las 12.30 del miércoles 8 de noviembre, el pleno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación escuchó en su sala de audiencias a representantes de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, que se vienen acusando mutuamente desde hace 20 años por los perjuicios que genera el desborde de la Laguna La Picasa, mientras el problema persiste y el cambio climático lo agrava. En la audiencia participaron funcionarios nacionales, provinciales y comunales, además de referentes territoriales y de la producción, quienes vertieron los conceptos más dramáticos ante los magistrados. Entre ellos, Ángel Borrello, coordinador de la comisión Hídrica y Vial de Carsfe, protestó: “en las últimas décadas vemos que este problema se va agravando y las tres provincias involucradas y la Nación persisten en hacer lo mismo: un rosario de medidas desacertadas desde lo técnico, ambiental y también desde el simple sentido común, que se fueron sucediendo a partir de la apertura del canal Castellanos, al oeste de La Picasa, que se convirtió en el inicio de todas las calamidades que vinieron después”. El espejo de agua en 1985 ocupaba 1.400 hectáreas, mientras hoy es una enorme masa de agua que abarca un territorio equivalente a 40.000 hectáreas, o sea 28 veces más que hace 32 años. En 1996 aún estaban la estación de trenes, la vía del ferrocarril hecha por los ingleses y las dos versiones de la ruta nacional 7, la de tierra y un poco mas allá la de asfalto. “Hoy está todo eso a cinco metros debajo del agua en promedio”, lamentó Eduardo Juan Salleras, empresario agropecuario y ex presidente comunal de Aarón Castellanos. Propuesta nacional Testimonios de ese tenor fueron escuchados por los cinco miembros del tribunal supremo: Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. Rosatti llegó a preguntarle al subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Pablo Bereciartúa, si la única alternativa para desagotar la laguna La Picasa “es tener una sequía”, como el mismo funcionario sugirió “al pasar”. Bereciartúa destacó que recién el 2 de noviembre pasado Santa Fe notificó su ratificación legislativa al acuerdo para crear el comité interjurisdiccional planteado por acuerdo de los tres gobernadores en 2016. Ahora, mientras espera el turno del Congreso, el funcionario dejó en claro que la Nación no hará nada sin el consentimiento de todos los distritos. También ratificó una propuesta de obras por unos 10 mil millones de pesos, en la que la Nación aportaría 70% si ese acuerdo sucede. Comentó que el área a su cargo identificó tres salidas de agua para La Picasa en un complejo en el que Melincué también está contemplada. “Implica integrar a los canales privados que ya existen; aprobar unos y otros no; son cientos”, dijo Bereciartúa, partidario de un sistema con mayor capacidad para adaptarse al cambio climático. El proyecto propone comenzar aguas abajo y saldar el problema con una red de canales y usando el arroyo Pavón y el canal San Urbano. El plan es considerar los “cauces verdes” que puedan usarse en tiempos de sequía pero que se reserven para desagües cuando los ciclos lo requieran. Ante la consulta del tribunal, Bereciartúa señaló que están en condiciones de avanzar con los proyectos ejecutivos. Dejó en claro que las obras de fondo no traerán respuestas inmediatas a las urgencias de los afectados. Todos hacen agua El subsecretario de Recursos Hídricos de Santa Fe, Juan Carlos Bertoni, ratificó que la provincia “ha resignado derechos de descargas a partir de concepto de cuenca hidrográfica”. La ley vigente impide descargar excedentes de agua a otra cuenca sin consentimiento; en este caso, a la del Salado de Buenos Aires. Y la vecina provincia así lo considera, como “otra cuenca”, tal como lo fijó -por decreto- el gobernador de Buenos Aires en 2006. El talud levantado para hacer el canal de la “alternativa norte” terminó siendo una especie de dique que impide que las aguas escurran naturalmente hacia el sur. Y las bombas colocadas resultaron obsoletas. Tampoco se concluyeron las obras de la alternativa sur a cargo de Buenos Aires, según reconoció Rodrigo Silvosa, subsecretario de Recursos Hídricos de esa provincia, que se opone a la propuesta nacional y considera que las alternativas sur y norte alcanzan para desaguar la laguna. Bertoni reconoció que eso sería posible pero demoraría 5 años. Pero además la alternativa sur necesita que se terminen obras, según dijo Bereciartúa, las que no se pueden finalizar... hasta que no baje el agua.