Descontento por un proyecto que pretende crear una Junta Nacional de Granos

Un proyecto presentado en el Senado para la creación de una Junta Nacional de Granos generó revuelo en las últimas horas entre los productores que, apenas enterados de la novedad, hicieron circular mensajes de preocupación.

La iniciativa es de la senadora de Río Negro Silvina García Larraburu. El proyecto se presentó el 10 de marzo pasado pero había perdido estado parlamentario, sin embargo, ahora, reingresó al recinto.

En el proyecto, la senadora propone crear la Junta Nacional de Granos como ente autárquico con vinculación con el Ministerio de Agricultura de la Nación con el fin de “controlar el comercio de cereales, oleaginosas y sus subproductos”, “garantizar la provisión interna de cereales, oleaginosas y sus subproductos, independientemente de lo que suceda en el mercado externo”, “tomar medidas activas con el fin de evitar los monocultivos”, “producir una concientización en los productores para que proyecten sus siembras en función de los saldos de exportación o importación de cada grano, garantizando la estabilidad interna de sus precios”.

La iniciativa tiene como objeto “ejercer el control de todas las instituciones o entidades que intervengan directa o indirectamente en el comercio interno o externo de granos y sus subproductos, las que deberán ajustar sus actividades a lo dispuesto en esta ley y a las reglamentaciones pertinentes que expida el Poder Ejecutivo”.

También promueve para el organismo, “fiscalizar el pesaje de los granos en el acto de la entrega o recepción, en cualquier etapa de su comercialización, manipulación o transporte”, “autorizar la carga o el embarque de granos y sus subproductos, que se exporten, debiendo prohibirlo cuando la mercadería o las operaciones respectivas no se ajusten a las disposiciones vigentes”.

El proyecto también reserva para la Junta Nacional de Granos “proponer al Poder Ejecutivo los precios mínimos a fijar para los distintos granos y las normas de aplicación”. Además, la iniciativa contempla como funciones “fijar, con aprobación del Poder Ejecutivo, los cupos de exportación para los granos y sus subproductos” y, entre otras, “administrar los elevadores locales y terminales, silos y demás instalaciones de recepción, almacenamiento, acondicionamiento y embarque de granos que integren la red de elevadores y depósitos del Estado”.

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