Control del precio de la nafta: suéltame pasado

Por estos días se conoció un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense por la diputada provincial Ayelén Rasquetti, de Unión por la Patria. La iniciativa propone que las petroleras y estaciones de servicio de toda la provincia de Buenos Aires estén obligadas a informar con 72 horas de anticipación los precios que aplicarán a la nafta, el gasoil y el GNC. 

Según su autora, el objetivo es "terminar con el abuso de los monopolios" y garantizar mayor previsibilidad a los consumidores, tratándose —en sus palabras— de un bien básico.

La idea encendió de inmediato la reacción de estacioneros y empresas del sector. Señalaron que el proyecto es "incompatible" con un mercado desregulado, donde los precios varían incluso de un día para otro según múltiples factores: los costos internacionales del petróleo, la demanda local, la intervención del Estado a través de impuestos o regulaciones del bioetanol y el biodiésel, e incluso las estrategias comerciales de las propias estaciones, que a veces ajustan precios por franja horaria.

Las empresas advierten que obligarlas a anticipar precios tres días antes podría generar desabastecimiento y distorsiones graves. En un escenario de aumento, se producirían colas para cargar antes del alza; en una baja, se retraería la demanda hasta que el nuevo valor entre en vigencia. La propia dinámica de almacenamiento del combustible lo vuelve un problema físico: la mayor parte del stock está, en realidad, en los tanques de los autos. Si los consumidores dejan de cargar durante días, el sistema entero se desajusta.

Rasquetti sostiene que la provincia de Buenos Aires tiene "poder de policía" para regular la comercialización y exigir transparencia en los precios. Sin embargo, el planteo no distingue entre tarifas —que sí son reguladas, como en los servicios públicos— y precios, que responden a la libre competencia. El combustible, explican los estacioneros, no puede tratarse como una tarifa porque su valor depende de un mercado internacional en permanente cambio.

La discusión revive viejos reflejos de control. La historia reciente muestra los límites de ese modelo. Durante la gestión de Sergio Massa, de quien Rachetti es aliada política, la Secretaría de Energía —entonces a cargo de Flavia Royón— debió intervenir YPF para "pisar" los precios minoristas. El resultado fueron faltantes, largas filas y una presión sostenida sobre las importaciones de combustible. La propia Royón admitió en noviembre de 2023 que la falta de señales de precios generó "psicosis" entre los consumidores y problemas logísticos en toda la red.

El proyecto de Rasquetti parece desconocer esas experiencias. No se trata de una cuestión ideológica, sino práctica: el intento de fijar reglas que ignoran cómo funcionan los mercados termina afectando al propio usuario. La comparación con otros bienes básicos —como el pan o los medicamentos— deja en evidencia el absurdo de exigir avisos previos de aumentos en contextos de alta volatilidad.

En el fondo, el debate revela una pulsión recurrente: la de volver al pasado, a un esquema de controles que ya demostró sus consecuencias. Y como diría Les Luthiers, quizá sea momento de repetir aquella frase tan oportuna para la política argentina: "Suéltame, pasado, de una buena vez".

Fuente: Cadena 3