La justicia de Estados Unidos ordenó entregar el 51% de YPF a los demandantes

La jueza Loretta Preska, del tribunal del segundo distrito sur de Nueva York, ordenó a la República Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF como parte del cumplimiento de la sentencia en el juicio por la expropiación de la petrolera, realizada en el año 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

La decisión fue comunicada este lunes y representa un nuevo revés para el Estado argentino en los tribunales estadounidenses. Si bien el fallo es apelable, marca un punto clave en el extenso litigio iniciado por los fondos Burford Capital y Eton Park, que adquirieron los derechos del juicio iniciado originalmente por Petersen Energía.

El dato fue difundido primero por el analista financiero Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, quien sigue de cerca las derivaciones judiciales del caso. La orden judicial contempla que el Estado argentino transfiera las acciones bajo custodia estatal a los beneficiarios de la demanda como parte de la ejecución de sentencia.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que había intervenido en calidad de "amicus curiae", se había pronunciado recientemente en favor de la posición argentina, señalando que no debía ejecutarse una entrega forzosa de activos soberanos.

Sin embargo, Preska desestimó ese argumento. Aunque la jueza reconoció que el Estado argentino mantiene su derecho a apelar la sentencia, su resolución autoriza a los demandantes a avanzar con la ejecución del fallo, incluyendo la apropiación del paquete accionario mayoritario de la petrolera.

El detalle de la causa

YPF fue reestatizada en 2012, cuando el Estado argentino adquirió el 51% de las acciones que estaban en manos de Repsol. La operación fue avalada por una ley del Congreso, pero según la demanda, no se respetaron los derechos de los socios minoritarios, lo que motivó el millonario reclamo.

Ahora, el caso podría seguir en instancias de apelación, aunque la decisión de Preska vuelve a poner presión sobre el país en el frente judicial y financiero internacional.

Fuente: El Litoral