Condenaron a los exjefes de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Rafael Grau y Omar Odriozola, por haber liderado una organización criminal que defraudó al Estado provincial entre enero de 2015 y febrero de 2016.
20 de junio de 2025
El veredicto incluye prisión, multa y una inhabilitación especial. Foto: Guillermo Di Salvatore
Los exjefes policiales contaron con la asistencia de la defensa pública. Foto: Guillermo Di Salvatore
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Condenaron a Grau y Odriozola por actos de corrupción durante su jefatura en la Policía de Santa Fe
Los excomisarios llegaron a juicio acusados de haber liderado una asociación ilícita que defraudó al Estado provincial por un monto que, actualizado, supera los 250 millones de pesos.
El veredicto fue dado a conocer por la presidenta del tribunal de juicio, Celeste Minniti, y contó con la firma del resto de los integrantes, los Dres. Cecilia Labanca y Sebastián Szeifert. Consideraron a los condenados autores de los delitos de "asociación ilícita en carácter de jefes" y coautores de "defraudación agravada por ser cometida contra la administración pública".
Los magistrados impusieron la pena de 6 años y 6 meses de prisión a los exjefes, además de una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 10 años y el pago de una multa de $90.000. Además, el tribunal rechazó el pedido de imposición de prisión preventiva, así como la solicitud de que ambos condenados abonaran una reparación económica al Estado.
El veredicto incluye prisión, multa y una inhabilitación especial. Foto: Guillermo Di Salvatore
La causa llegó a juicio de mano de los fiscales Ezequiel Hernández y Bárbara Ilera, de la Unidad de Delitos Complejos del MPA. Representaron a Grau y Odriozola las defensoras públicas Ileana Echaniz y Virginia Balanda, respectivamente.
La investigación inició en 2016 tras una presentación realizada por el gobernador Maximiliano Pullaro, que por entonces estaba al frente del Ministerio de Seguridad y se había anoticiado de la situación irregular a través de una nota anónima.
La acusación
El veredicto llegó nueve años después del inicio del proceso judicial, que en su derrotero logró la firma de nueve acuerdos de juicios abreviados en los que el resto de las personas acusadas de haber integrado la banda criminal decidieron reconocer su culpabilidad. Seis de ellos declararon como “arrepentidos” en el debate oral y público.
Grau y Odriozola llegaron a juicio acusados de haber usado su potestad jerárquica para disponer los medios, habilitar el ámbito y consentir las actividades ilícitas desplegadas por una asociación ilícita que defraudó al Estado a través de la falsa reparación de móviles policiales y la inexistente compra de repuestos.
La modalidad delictiva consistía en facturar reparaciones de móviles policiales que no se realizaban y compras de repuestos que no se adquirían, burlando los procedimientos administrativos. Los acusados firmaron cheques y realizaron facturas y rendiciones de cuenta que permitieron la disposición patrimonial ilegítima.
Según la fiscalía, Grau y Odriozola coordinaron acciones con Facundo José Testi, identificado como organizador de la banda, y sus miembros, y determinaron el reparto de las ganancias ilegítimamente obtenidas.
El modus operandi
La mecánica descripta por los fiscales detalla que particulares emitían facturas por trabajos y repuestos inexistentes, las cuales eran presentadas a un habilitado. Éste emitía órdenes de pago mediante cheques, que requerían la firma del jefe provincial de la policía y la confirmación del departamento de Logística.
Los exjefes policiales contaron con la asistencia de la defensa pública. Foto: Guillermo Di Salvatore
El habilitado y el jefe de Logística coordinaban con Testi, quien diagramaba con talleristas y comerciantes la elaboración de facturas, el cobro de cheques y la distribución del dinero. Una vez cobrados los cheques, los particulares entregaban parte del efectivo al habilitado, quien a su vez se lo daba al jefe provincial.
Era la máxima autoridad policial quien decidía luego el reparto del dinero entre sus subalternos. Finalmente, el habilitado confeccionaba los expedientes de rendición de cuentas con las facturas falsas, y el jefe provincial debía dar su conformidad para finalizar el trámite.
Fuente: El Litoral
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